Dijo Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco: “Por ello mi postura es clara: mi relación con el gobierno de la república será directa con el presidente y con sus secretarios de estado, no habrá en Jalisco autoridades intermedias simplemente porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal; no existe en nuestro marco legal ninguna figura que funja como vínculo entre entidades federativas y el ejecutivo federal, los delegados federales nunca han tenido facultades de decisión ni autonomía técnica; existen, siempre y cuando sean indispensables para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo, incluso hay que entender que dotar a las delegaciones o cualquier otra figura de carácter administrativo de facultades de control, fiscalización del ingreso y gasto público federal sería una violación flagrante al orden constitucional”.

En Jalisco 83 delegados federales trabajan y se pasean a costa del presupuesto federal. Con los dedos de una mano podríamos contar a los delegados federales que realmente realizan un trabajo destacado, más allá de las reuniones en restaurantes y bares de la ciudad.

La función del “delegado federal” es ser un vínculo entre la entidad federativa en donde vive y el área del gobierno federal que representa; mientras recibe trato privilegiado por parte de funcionarios del gobierno estatal y empresarios locales, a cambio de beneficios del presupuesto que maneja o de los servicios que presta su representación.

¿Por qué un delegado federal recibe tantos buenos tratos por parte de los gobiernos locales y grupos empresariales? Porque por ley los delegados federales tienen como función para sus Secretarías que representan el fiscalizar, revisar, autorizar, suscribir convenios o contratos, supervisar y auditar los proyectos realizados con subsidios federales.

Dependiendo del tipo de programa o proyecto, la delegación federal puede fungir como instancia ejecutora al 100% de los trabajos realizados con recursos federales. Si la delegación federal aporta a proyectos recursos financieros en participación con municipios y estados, todo el recurso del proyecto se vuelve auditable por parte de la delegación.

Todo lo anterior, se supone ya por ley pueden o deben realizar los delegados federales, muchos no lo hacen por los arreglos que tienen con autoridades estatales, municipales y empresarios, a cambio de ser beneficiados con dádivas y regalos, o no ser molestados en los tiempos de entrega de recursos financieros federales, mientras son desviados a fondos de inversión personales.

La “Ley orgánica de la administración pública federal”, mediante una modificación mínima puede sostener la creación de la figura de “Coordinador estatal de programas para el desarrollo de la Presidencia de la República”. No sé requiere mayor modificación por parte del ejecutivo federal.

La eliminación de 83 delegados significaría un ahorro para el gasto federal, la creación de una sola figura administrativa que trabaje todo lo federal en el estado agiliza la toma de decisiones, pero también permite un mejor control de los dineros.

Y precisamente, es el no poder manejar a su antojo el dinero federal, la preocupación de quienes se han manifestado en contra del nombramiento de “Coordinador estatal de programas para el desarrollo de la Presidencia de la República” para el estado de Jalisco, entre ellos el gobernador electo, directivos de la UdeG y algunos empresarios.

Es bueno recordar que el nombramiento de “Coordinadores estatales”, no es un proyecto, ni es una propuesta, es ya una decisión del próximo gobierno federal.

Y una cosa más, el presidente de la República no está obligado a recibir, consultar o atender personalmente a ningún gobernador.

En Jalisco sabíamos que de ganar Andrés Manuel y Enrique Alfaro su puesto de elección, las cosas no serían fáciles, preparémonos para un largo sexenio.