Pepe Guerrero, nuevo director de A Toda Máquina, combina los factores que convirtieron a este programa en el más controversial del Gobierno del Estado: es un empresario que como político ha favorecido a sus amigos, con la “cereza” de recibir un premio a la derrota.

Guerrero ya era propietario de una empresa de autotransporte de carga antes de entrar a la política. Fue alcalde de Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán) de 2018 a 2021. Se caracterizó por ser el sucesor natural del ex panista Alberto Esquer, actual secretario de Asistencia Social, titular de la Sader Jalisco hasta enero –operador de ATM– y famoso por las acusaciones de “moches” como diputado federal.

Juntos, este par de funcionarios maquinaron las concesiones de la basura y el alumbrado, dos de los atracos más grandes para el erario de Zapotlán.

En el caso de la recolección, Pepe Guerrero era regidor en 2017 (con Esquer como alcalde) y fue el principal cabildero para entregar el servicio por 25 años a una empresa belga, en cuya filial mexicana participan hermanos del ex director de Pensiones del Estado, Iván Argüelles.

Cuatro años después, y con más de 90 millones de pesos transferidos a la concesionaria, el servicio es más caro que cuando era público y las mejoras no son tangibles.

Luego en 2020, ya como presidente municipal, consumó la concesión de las luminarias en un proceso irónicamente oscuro. Otra vez apareció la constante de los amigos, ya que uno de los socios de la ganadora ha financiado varias campañas de Movimiento Ciudadano. Tampoco esta operación funcionó; es costosa, injustificada e ineficiente.

Por estas razones el 6 de junio el electorado le cobró doble factura a Pepe Guerrero, cuando le impidió la diputación federal por el Distrito 19; también le quitaron la alcaldía de Zapotlán a MC, en una dolorosa derrota que llevó a que el edil con licencia no retomara el cargo.

Hay que agregar que el Congreso de Jalisco está llevando en su contra un proceso de juicio político, interpuesto por el Ejido de Ciudad Guzmán que alega el ex alcalde adjudicó para el municipio el Lienzo Charro y el Casino, que legalmente pertenecen a los agraristas.

Guerrero es un hombre de negocios antes que político, en seis años de trayectoria dentro del servicio público vaya que ha sabido hacerlos. Esos manejos le propinaron un enorme descalabro electoral, pero al gobernador Enrique Alfaro poco le importaron, pues ahora le está dando cancha abierta en un territorio donde, de manera coincidente, operan con cinismo las multimillonarias adjudicaciones directas y los compadrazgos.

Es “la Iglesia en manos de Lutero”. Ojalá, por el bien del campo, cambien estos vicios.