Lo peor que pueden hacer los diputados es pretender jugarle “el dedo en la boca” a los jaliscienses y aprobar sanciones en contra del magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, a sabiendas de que en instancias superiores le serán revocadas -o el término jurídico y legal que corresponda- por improcedentes, llámese juicio político o desafuero.
Los diputados integrantes de la 61 Legislatura deberán de huir de la tentación -como es la costumbre de no pocos de ellos y uno que otro prácticamente en eso sostiene su vigencia ante su sobrada y visible incapacidad para legislar- de actuar para la tribuna, de asumir posturas que le reditúen ganancias mediáticas o que los hagan ver a los ojos ciudadanos como los “adalides” de la justicia, como pretendieron hacer los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Enrique Alfaro y Jesús Pablo Lemus, cuando acudieron al Congreso del Estado a felicitar a los legisladores… ¡por cumplir con su obligación!
La diputada presidente de la Comisión de Responsabilidades, Pilar Pérez Chavira, declaró ayer que la comisión que preside y la fracción parlamentaria de su partido, el PAN, “queremos pronunciarnos por la invitación a los actores que tienen interés en el asunto, a que no estén anticipando situaciones que pueden poner en riesgo la conclusión de un proceso dentro de un enfoque de objetividad, apego a la legalidad, responsabilidad de ética sobre todo con un enfoque de no impunidad”.
En una palabra, el llamado de la diputada Pérez Chavira es a terminar con declaraciones irresponsables que generan falsas expectativas en la ciudadanía como el asegurar que el magistrado Barba Gómez debe estar o estará en la cárcel, no sólo convirtiéndose en burdos jueces y cargándole toda la responsabilidad al Poder Legislativo que, de no acatar los deseos de Alfaro y Lemus que pretenden se violente la ley, enfrentará una campaña de desprestigio y será señalado con el dedo flamígero de ser cómplice de presuntas irregularidades o ilícitos que ellos no pudieron acreditar.
Porque al interior del Legislativo ya no es un secreto a voces de que la solicitud de juicio político contra Barba Gómez presentada, cada uno por su lado, por Enrique Alfaro y Jesús Pablo Lemus, carece de los elementos de prueba para que proceda si los diputados asumen una postura apegada a la legalidad, pero que podrían concederles si, por el c0ntrario, los diputados resuelven más con un carácter político, temerosos de ser criticados y “linchados” a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Por eso no se descarta y corren las versiones de que a los diputados les temblará la mano para hacer valer la ley y terminarán resolviendo en contra del magistrado Barba, así como concediéndole al Fiscal General su desafuero, sabedores también de que finalmente no incurrió en delito alguno, y que si se le encuadra en alguno de ellos su carácter no será de “grave” y, por lo tanto, no podrá ser detenido y encarcelado.
Pero en su decisión los legisladores no pueden ignorar -y si lo hacen será la prueba más fehaciente y descarada de su irresponsabilidad-, que existe una jurisprudencia que establece -reitero- lo siguiente:
“Juicio político. De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial Local, al no respetarse los principios de autonomía, de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría facultades que no le corresponden…”.
Así, pues, esta es la oportunidad para que los diputados demuestren que no son rehenes del alfarismo, que no están para cumplir caprichos y sí para hacer valer la legalidad. Por lo tanto, si consideran que el magistrado Barba Gómez es merecedor de las sanciones que le impondrán, tendrán que hacerlo con los argumentos legales contundentes que no sean desechados por instancias superiores a las que, por supuesto, recurriría el magistrado con todo derecho.
Pero si en el marco de la ley no proceden los juicios políticos ni el de procedencia y a esta conclusión llegan, sin duda que será más satisfactorio para cada uno de ellos el haber actuado en función de la legalidad y no a una presión política que lo más que les dejará será un par de aplausos: el de Alfaro y el de Lemus.
Al tiempo.