Nunca ninguna otra Legislatura local se había sometido tanto a los caprichos del Ejecutivo en turno como ésta, la LXII, con mayoría de diputados del partido Movimiento Ciudadano y con una fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional que desvergonzada y abiertamente no oculta su servilismo como ningún otro partido de oposición lo ha hecho para con el gobierno estatal en turno.

Estos diputados lo mismo acatan sumisamente la orden de aprobar una reforma que viola descaradamente la autonomía e independencia del Poder Judicial; que quitarle 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara; que aprobar una auditoría a esta máxima Casa de Estudios sobre recursos que no le han sido entregadas; que “lavar” cuentas públicas con millonarios cargos impuestos por la Auditoría Superior del Estado; que quitarle el salario a integrantes de organismos como el Comité de Participación Social, para luego ser dejados en ridículo; que iniciar una persecución contra aquellos que -a diferencia de estos diputados-, no aceptan someterse a esos caprichos, y lo hacen basados en falsedades, como es el caso del magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Armando García Estrada, contra quien aprobaron iniciar un proceso de juicio político.

La evidencia de que los diputados de MC y del PAN se prestan como instrumentos del Ejecutivo para “golpear” o perseguir a quienes considera sus adversarios, está en el hecho de que aprobaron iniciar juicio político contra el magistrado García Estrada, no obstante que la Comisión de Responsabilidades presentó su dictamen rechazando dicha solicitud interpuesta por el propietario de una finca que presuntamente se dañó a causa de la construcción de un edificio de departamentos adjunto, no obstante que se confirmó -incluso por su propio perito- que fue por el tiempo de abandono y no por la obra vecina, además de que los permisos para su edificación fueron otorgados por el propio Ayuntamiento de Guadalajara.

El inicio del juicio político fue aprobado la semana pasada por 24 votos a favor de los diputados de MC y el PAN, en tanto que votaron en contra los cuatro diputados de Morena y se abstuvieron los cinco legisladores del PRI y quienes se dicen sin partido.

La presidente de la Comisión de Responsabilidades, María Esther López Chávez, reveló que no se aportaron elementos para documentar la presunta irregularidad en la que habría incurrido el magistrado Armando García, por lo que ella advirtió una falta administrativa -que aún estaría por demostrarse- y no la obstrucción de la justicia que se le imputó. La legisladora de Morena dijo:

“Es una falta procesal que se presume puede haber causado algún daño a las partes; sin embargo, en las pruebas que nosotros recibimos y todas las pruebas que aportó -el demandante- no nos da para entender que realmente haya habido un daño grave, ni siquiera daño al erario, ni siquiera que haya violentado los derechos humanos de nadie. Es un asunto procesal de un juicio de la administrativo”.

Y añadió: “Los juicios políticos se tienen que constreñir, tienen que ser apegadísimos a la denuncia, la causa del juicio político en concreto. No estamos respondiendo a la fama del servidor público ni a su comportamiento anterior ni a su condición de servidor público enemigo de otros políticos ni mucho menos. Aquí tenemos que apegarnos a derecho y a lo que a la Ley de Responsabilidades permite”.

Pero los diputados de MC y el PAN tenían otra instrucción y la consigna de irse en contra del magistrado García Estrada -considerado en Casa Jalisco y por algunos alcaldes emecista como adversario por no someterse a sus caprichos-, bajo el argumento de que emitió una resolución que se contraponía a la sentencia de otro magistrado del mismo TJA para favorecer la construcción de la susodicha torre departamental, lo que es un absurdo porque no se pueden emitir resoluciones contrarias entre iguales.

En una entrevista concedida al periódico Mural publicada ayer, el magistrado Armando García reveló que “hay abuso y persecución ex lege política en contra de mi trabajo, porque no soy un magistrado a modo, que obedezca y que se arrodille”. E hizo una fuerte denuncia: “No lo soy y nunca lo seré aunque me cuesta la vida, porque me tienen amenazado. Así que otra vez reitero que si me llega a suceder algo a mí o a mi familia, están identificados (los responsables)”.

El magistrado negó todas las imputaciones que se hicieron en su contra para aprobar el juicio político -precisó que los denunciantes perdieron en todas las instancias legales posibles-, y por ello declaró: “Por primera vez voy a participar, en 39 años, en un juicio donde la demanda está basada en palabras y saliva, y voy a tener que buscar hoy como abogado qué pruebas puedo ofertar contra la mentira y la saliva”.

Sin duda que los diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN corren un alto riesgo de quedar evidenciados, en ridículo, y de que se confirme que sin pudor alguno aceptan servir de instrumentos del Ejecutivo para ir en contra de quienes considera sus adversarios o no se someten a sus deseos.

Y vaya que esto ha sido ya reconocido por algunos diputados emecistas que “en corto” aceptan que tienen que hacer el “trabajo sucio” porque son las órdenes de su jefe político, y están deseosos de que llegue el día último de octubre para dejar de ser integrantes de esta vergonzosa LXII Legislatura.