Todo parece indicar que la famosa reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial no fue otra cosa sino una treta para demostrar que el gobierno de Movimiento Ciudadano, que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, continúa la tradición enraizada en la política mexicana y que en Jalisco no tenía por qué ser la excepción, pese a que en el discurso se dice lo contrario, de que el Ejecutivo mantiene el yugo sobre los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial.

Hace dos años -el 25 de septiembre de 2019- el Congreso del Estado aprobó con 27 votos a favor de los diputados de Movimiento Ciudadano y de sus aliados del PAN, PT, PRD y Verde Ecologista, por ocho en contra de los legisladores de Morena y el PRI, una reforma que fue considerada violatoria de la independencia y autonomía del Poder Judicial, pues imponía la eliminación del “haber de retiro” y la aplicación de exámenes de control y confianza a magistrados y jueces.

El triunfo del Ejecutivo sobre el Judicial, utilizando como su instrumento al Legislativo, fue gracias al entonces presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves, quien le entregó en “bandeja de plata” las “cabezas” de la mayoría de los magistrados a quienes los grupos políticos a los que les deben el estar ocupando ese cargo convencieron y prácticamente obligaron a violentar la ley, pues inicialmente se aprobó en sesión plenaria recurrir a la controversia constitucional para combatir dicha reforma, pero de última hora -contra la ley- en otra sesión aprobaron revocarla y, así, ponerle la “cereza al pastel” a la iniciativa presentada por Alfaro Ramírez.

Uno de los puntos claves de esta reforma que en complicidad aplicaron el Ejecutivo y el Legislativo -el segundo supeditado al primero-, fue el de la aplicación de pruebas de control y confianza, a lo que se resistió un grupo de magistrados en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial, pues los otros dos poderes no sólo lo impusieron sino que pretendían, incluso, decir quién debería de hacerlo. Sin embargo, el conflicto se sorteó cuando en medio del enfrentamiento se acordó que el titular del órgano de Control y Confianza saliera de una terna que el Poder Judicial propusiera al Legislativo, pero aún así los diputados tendrían la última palabra de quién sí y quiénes no.

Al participar en un foro organizado por colegios y asociaciones de abogados, la ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos opinó sobre esta decisión: “Esto me parece denigrante para un funcionario jurisdiccional, pero además se los hace un funcionario nombrado por el Congreso del Estado, ¿pero por qué? ¿dónde está el respeto a la división de poderes?”. Consideró que someter a magistrados y jueces a la prueba del polígrafo era “un trato delincuencial”.

Pero los magistrados fueron sometidos por el Ejecutivo y Legislativo, en contubernio con quienes dentro del Poder Judicial se prestaron a esta aberración.

Los exámenes serían aplicados a jueces de primera instancia y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia por el Centro de Evaluación de Control y Confianza del Poder Judicial, considerado órgano de evaluación con autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de gestión, y como titular se eligió el 10 de septiembre del 2020 a el ex magistrado Gabriel Gallo Álvarez, quien rindió protesta hasta el ocho de octubre como director de Control y Confianza del Poder Judicial.

Ayer referí que Gallo Álvarez cobraría vía honorarios para no perder las pensiones que recibía del Estado y del IMSS, pensión que le fue otorgada por resolución judicial del Tribunal Colegiado y que, por lo tanto, no puede ser motivo de reducción como ahora lo pretende hacer el gobernador Alfaro Ramírez a través de una iniciativa contra lo que llaman pensiones “doradas” y la que los diputados están solícitos a aprobarla porque así lo demanda quien funge como su jefe.

Cabe destacar que durante los tres meses que estuvo en el cargo, Gabriel Gallo no cobró ni un peso de honorarios, porque así lo decidió él para mantener la autonomía en su actuación.

Comenté también que ante la imposibilidad de recurrir al amparo para defender su pensión, porque así se lo advirtieron por ser funcionario del Poder Judicial, Gabriel Gallo Álvarez renunció a su cargo, pero resulta que lo hizo… ¡desde enero!

O sea que Gallo Álvarez fue director de Control y Confianza del Poder Judicial única y prácticamente… ¡tres meses!

Esto quiere decir que la dirección del Centro de Control y Confianza del Poder Judicial está acéfala desde hace… ¡ocho meses!

¿Esto puede ser posible si no existiese complicidad entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que deja en evidencia que la aprobación de aquella reforma para la aplicación de estos exámenes fue pura pantomima, quizás para evitar que el gobernador Alfaro Ramírez sufriera una dolorosa derrota a manos de la Suprema Corte de Justicia, que habría fallado la controversia a favor de los magistrados inconformes con dicha reforma? ¿Por qué el Poder Judicial no ha notificado de esta renuncia al Legislativo? ¿Será porque está obligado a presentar una nueva terna de candidatos en un plazo máximo de 10 días a partir de dicha notificación y eso generaría nuevamente una turbulencia al interior del Poder Judicial y provocaría “jaloneos” con el Ejecutivo y Legislativo? ¿Será creíble que el Ejecutivo y el Judicial desconozcan que el titular del Centro de Control y Confianza renunció desde enero pasado? ¿Por qué se han hecho “de la vista gorda” y guardado silencio al respecto? ¿Están de acuerdo en no “moverle” al asunto y dejar las cosas como están, sabedores de lo desaseado que se realizó aquella reforma?

¿No resulta sospechoso que una medida por la que tanto peleó el Ejecutivo y por la que se “rasgaron las vestiduras” los diputados del Legislativo, porque supuestamente serviría para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial, se mantenga en el más extraño y cómplice silencio?

Pese al poco tiempo al frente de este Centro, se conoció que Gallo Álvarez realizó el reglamento respectivo, los manuales correspondientes y el presupuesto necesario, pero el Poder Judicial no “movió ni un dedo” para que todo esto avanzara, no obstante que, eso sí, el gobierno del Estado entregó los recursos que le correspondían, pero el Judicial nunca aprobó ni ha aprobado la ampliación presupuestal para que este Centro opere como debe de ser.

¿Cuánto tiempo más continuará esta burla y simulación por parte de los tres Poderes del Estado? ¿Por cuánto tiempo más continuará acéfalo el Centro de Control y Confianza en el Poder Judicial? ¿Por qué no le hacen un favor a los jaliscienses y derogan esta absurda creación que ya demostró que no es necesaria y sí muy costosa, y que sólo fue un capricho para hacer ver quién manda en Jalisco?

Así de descompuestos -por no decir podridos- están los Poderes en Jalisco.