Me llamó la atención que el viernes por la noche, durante la velación de Javier Galván Guerrero en “Recinto de la Esperanza”, dos altos funcionarios del Poder Judicial -por ahora me reservo los nombres-, descalificaran la versión del fiscal central, Rafael Castellanos, de que la disputa por un inmueble era la línea de investigación que se había fortalecido a los pocas horas de registrado el homicidio del entonces delegado del ISSSTE.
De entrada, la expresión de estos dos funcionarios demuestran que ellos no creen en la versión que destacó el Fiscal Central ante los medios de comunicación, pero no abundaron más en su postura al respecto. Cambiaron de tema. Por el lugar y momento en el que nos encontrábamos, consideré imprudente preguntarles si para ellos dicha versión era frágil, pues además estaban otras personas presentes.
Vale decir que el fiscal Rafael Castellanos no entró en detalles que explicaran por qué esa línea de investigación, el pleito legal por una fiunca, era la más fortalecida como causa del homicidio de Galván Guerrero, pues simplemente refirió algo que ya sabíamos por lo publicado el 11 de mayo -en plenas campañas políticas- por un diario local: que existía una averiguación previa por este conflicto presentada en junio de 2014.
Ante este caso de la disputa por una finca y el asesinato del también ex presidente estatal del PRI surge una pregunta: ¿Por qué recurrir a un asesinato si la causa penal y civil de este caso aún se encontraba en proceso y no existía veredicto alguno a favor o en contra de quienes estaban en la disputa? ¿Acaso su muerte traería como consecuencia una resolución favorable a la contraparte en esta disputa de la finca?
Esta línea de investigación genera dudas, pero ignoramos qué otras líneas tiene la Fiscalía General y tendría la Procuraduría General de la República que será la encargada de indagar este delicado y lamentable caso, que pudieran explicar las causas de este crimen.
Ojalá y la Fiscalía General o Central tengan elementos sólidos para haber salido por la tarde del mismo día del asesinato ante los medios y revelar que la disputa por un inmueble era la hipótesis más fortalecida para explicar la muerte de Galván Guerrero, y que no haya sido la celeridad por hablar ante los medios de comunicación la que obligó a Rafael Castellanos a referir una causa que no está sostenida debidamente por pruebas.
Y es que la existencia de una averiguación previa no basta para presumir que es la línea más seria para explicar un crimen, y menos a las pocas horas de cometido, pues tampoco se dieron detalles del avance de la misma.
Ojalá y la presión no obligue al Ejecutivo a dar “palos de ciego” en un caso que merece una investigación clara y a fondo.
Hoy el Ejecutivo está obligado a una investigación con todo cuidado y precisión, pues luego del asesinato del entonces Secretario de Turismo a inicios de este gobierno, el de un ex presidente estatal del PRI y actual funcionario federal es de los de mayor rango que se haya cometido en la administración de Aristóteles Sandoval, de los 103 ó 108 registrados en contra de servidores públicos en el Estado en lo que va del sexenio.
La sociedad en general, aunque en particular los priistas, espera que las autoridades resuelvan este caso debidamente para dejar fuera las especulaciones. Y es que el comentario de los dos funcionarios del Poder Judicial, me hace pensar que no le creyeron al Fiscal Central y eso… ya es mucho decir. ¿Cuál será la hipótesis que ellos tienen?