El Gobernador electo, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en la presentación de su equipo de transición.
El próximo viernes habrá cambio en la administración estatal.
Luego de 18 años el PRI volverá a tener un gobernador y el PAN deberá dejar llegar a las nuevas administraciones que deberán instrumentar las estrategias para cumplir con todas esas promesas de campaña, algunas de las cuales parecen complicadas, pero deberán integrar a sus equipos a lograrlo.
Para conseguirlo, deberán tomar posesión de la administración, de las titularidades de las secretarías, las direcciones y muy probablemente, buscarán también posicionar a su gente con muchos de esos puestos medianos e intermedios.
Sobre los puestos de primer y segundo nivel, seguramente no habrá complicación, pues el Gobernador Emilio González Márquez ya ha dicho que los funcionarios de primer nivel y del siguiente, se irán con él. Incluso el Secretario General de Gobierno, Víctor Manuel González Romero ya presentó su renuncia con efectos luego del 28 de febrero.
Pero los niveles medios e inferiores en el tabulador del Gobierno del Estado bien podrían ser removidos, muchos de ellos a través de negociaciones, algunos podrían presentar sus renuncias voluntarias, aunque lo cierto es que existe el riesgo latente de que la nueva administración busque correr a quienes han colaborado en las administraciones panistas en esos cargos.
El mero cambio de administración no es, legalmente hablando, un motivo para que un funcionario sea removido, pues la única causa justificada puede ser que se le inicie un procedimiento administrativo a una persona que está incumpliendo con sus funciones. En este caso el despido no obliga al gobierno a indemnizar, pues se entiende que su salida obedece a que existe alguna irregularidad probada.
Aunque según la experiencia en todos los cambios de administración, de todos los partidos, es usual que haya despidos, que haya movimientos, lo que normalmente genera altos costos pues como ordinariamente se trata de despidos injustificados, terminan por resolverse en los tribunales años después, lo que ocasiona el pago de salarios caídos.
Esta es la oportunidad de la nueva administración priista de mostrarse diferente, de presentarse como una autoridad respetuosa de los trabajadores, que aproveche a los funcionarios que sean útiles para el buen funcionamiento del gobierno, que busque la conciliación con aquellos trabajadores que aspiran a permanecer y que cuando se trate de una posición irreconciliable, indemnice de acuerdo a la legislación desde el inicio ante la junta de conciliación, pues de otra manera, el cambio de gobierno se convertirá en un punto de gasto del erario para liquidar laudos y de desgaste de imagen pública en un tema que debería ser meramente de trámite.
También significa que los funcionarios muestren disposición al diálogo, pero sin que eso signifique que se violenten los derechos de ningún trabajador.
Esta misma semana se comenzará a ver las habilidades de administración del nuevo gobierno, por el bien del erario y de los jaliscienses, deberán mostrar eficacia en las negociaciones y en el diálogo para no terminar desperdiciando el dinero.
