En los últimos días el caso de dos menores ha generado indignación en la sociedad y en ambos hechos las autoridades están obligadas a actuar hasta las últimas consecuencias. Ninguno de los dos sucesos puede ser considerado menor y, mucho menos, quedar sin castigo para los responsables. La cascada de información que inunda los medios de comunicación y las redes sociales no puede “sepultar” dos hechos por demás reprobables y condenables.

Uno es el caso de Tadeo, un bebé fallecido que fue exhumado de un panteón en Iztapalapa y que fue encontrado en un basurero del penal de San Miguel en Puebla. Y el de Emilio, el bebé con discapacidad que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez sacaron del DIF Capullo para tenerlo en su casa un fin de semana, exhibirlo en sus redes sociales y luego regresarlo al lugar donde vive.

Lo que hicieron -aún se desconoce quiénes fueron los autores y responsables- con el cuerpo de Tadeo no tiene nombre ni justificación ni excusa; lo que Samuel y Mariana -ellos sí, bien identificados- realizaron con el bebé Emilio, tampoco tiene nombre, justificación ni excusa, porque al igual que lo sucedido en el penal de San Miguel, el gobernador de Nuevo León y su esposa llevaron a cabo una acción en el que el bebé nunca fue el beneficiado sino, por el contrario, fue utilizado para un propósito incalificable… o más bien, si, calificable, pero de manera reprobable, porque el fin que tuvo fue sacarle un rédito, una ganancia política por parte de esta pareja que violentó la privacidad del bebé.

Hace ya más de una semana que Samuel García y Mariana Rodríguez sacaron al bebé del DIF Capullo, lo “explotaron” mediáticamente, y no ha habido consecuencia alguna por su conducta, pues mientras ellos se justifican argumentando que lo “adoptaron” por un fin de semana con el propósito de crear conciencia a favor de la adopción, su actuación dejó en evidencia que estuvieron muy lejos de ese objetivo y que fue a toda luces ilegal.

El gobernador emecista, días después, declaró que todo lo que hicieron con el bebé Emilio fue dentro de la ley, y que la figura que utilizaron para sacarlo de donde vive fue el del “permiso de convivencia” y no el de “adopción”.

Especialistas en el tema han declarado que el “permiso de convivencia” para estos caso se otorga exclusivamente a familiares de hasta cuarto grado del menor, requisito que, por supuesto, no cubren el Mandatario de Nuevo León y su esposa, pues no tienen ninguna relación consanguinea con el bebé de apenas cinco meses de edad y con discapacidad.

El hecho de que Mariana Rodríguez haya ido en ocasiones anteriores a ese albergue y convivido con los menores que ahí residen no le da derecho alguno a sacar a un bebé como Emilio para tenerlo un fin de semana en su casa y exponerlo públicamente de la peor manera como para generar conciencia de adopción. Tampoco a Samuel su esposo, por mucho de que sea el gobernador de Nuevo León.

Como lo referí en mi entrega del 19 de enero –La bajeza y el “crimen” del gobernador Samuel García-, el mensaje de Mariana a su esposo en redes sociales deja en claro que nunca existió el propósito sano con el que ahora pretenden ocultar su bajeza: “Gracias Samuel por seguirme mis locuras…”. ¿De veras alguien le cree a Samuel y a Mariana sus argumentos con los que pretenden defenderse?

Bien tradujo Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, la reprobable conducta de la pareja García Rodríguez: “Es sacar a un niño un fin de semana como si fuera un peluche para entretenimiento personal…”. Eso fue exactamente lo que hizo el gobernador de Nuevo León y su esposa.

¿Por qué reiterar en este caso? Primero, porque una persona con discapacidad, y mucho menos un bebé, no puede ser utilizada para obtener beneficios políticos mediante su exhibición mediática o en redes sociales; segundo, porque le fueron violados flagrantemente sus derechos a la privacidad, a la identidad y a la protección de sus datos personales, nada menos por quien está obligado a protegerlo: el gobernador del Estado; tercero, porque la conducta frívola que ha desbordado esta pareja desde que estuvo en campaña por la gubernatura, fue la línea que la caracterizó y, por supuesto, despeja cualquier posibilidad de creerle que lo hizo con el propósito que ahora exponen; y, cuarto, porque una acción de esta naturaleza no puede quedar impune.

Su desmedida ambición política, su adicción a los likes y a la viralización de sus acciones, su destacada frivolidad y el rebasar sin pudor alguno los límites de la moralidad, son en verdad una amenaza para que continúen con esta conducta que le es aplaudida por quienes el éxito en la política, en el gobierno y en el poder se mide por el número creciente de likes que se obtienen y los seguidores que se incrementan.

Por todo esto insisto en que este caso de Emilio no debe quedar sepultado en el mar de justificaciones que los autores pretenden dar y en el perdón que sus seguidores y simpatizantes creen que se merecen. Las autoridades responsables deben de actuar en consecuencia y no dejar pasar esta conducta reprobable.

¿O también a esto tenemos que acostumbrarnos en los tiempos de las redes sociales, sin importarnos lo que se haga con quienes están indefensos, particularmente en su calidad de menores de edad- y si son bebés, aún peor- y con una discapacidad, que sin duda fue un factor determinante para que Samuel y Mariana eligieran a Emilio como su “objeto” de diversión de fin de semana?

No porque el hecho haya sucedido en Nuevo León, en Jalisco tenemos que ser ajenos e indiferentes a la violación de sus derechos que sufrió un bebé con discapacidad, pues lamentablemente son conductas propensas a imitarse, y en el estado la frivolidad y la violación a las leyes son también características de los gobiernos “naranjas”.