Sorprende que los integrantes de la Comisión Especial Temporal para el Análisis y Cotejo del Patrimonio del Congreso del Estado, presidida por la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya Hernández, hayan llegado a la conclusión de que los diputados de la 59 Legislatura presumiblemente incurrieron en los delitos -sí, delitos- de peculado, abuso de autoridad, sustracción y falsificación de documentos y desvío de atribuciones.
Y a esta conclusión llegaron luego de apenas siete días de trabajo de investigación, pues aprobada su creación el martes seis, al día siguiente comenzaron a trabajar y concluyeron anteayer martes 13.
Antes de analizar los resultados que dieron a conocer ante los medios, vale la pena plantearle a los integrantes de esta Comisión Especial las siguientes preguntas:

  • ¿Cuántas horas de cada uno de estos días trabajaron en esta encomienda?
  • ¿Laboraron el fin de semana -sábado 10 y domingo 11- que se atravesó?
  • ¿Realizaron el trabajo de investigación ellos solos o lo hicieron con algunos colaboradores?
  • Si fue esto último, ¿cuántos colaboradores tuvo cada uno de los diputados?
  • ¿Quiénes fueron esos colaboradores y a título de qué lo hicieron?
  • ¿Fue personal que labora en el Congreso o fueron colaboradores personales de cada uno de los diputados integrantes de esta Comisión?
  • Si fue personal del Congreso, ¿fueron empleados adscritos a las áreas como fue repartido el trabajo de la Comisión (recursos humanos, recursos materiales, financieros y asuntos jurídicos), que conocen de lo que están investigando?
  • Si fue personal que colabora con cada diputado, ¿qué experiencia o conocimiento tienen de los temas investigados?
  • Si fue esto último, ¿lo hicieron de manera gratuita o recibieron algún pago?
  • Si recibieron algún pago, ¿lo costeó el diputado de su bolsillo?, pues hasta el momento se sabe que no se ha contratado a ningún nuevo empleado del Congreso.
  • ¿Fue personal que tenía atribuciones o facultades para conocer de documentos oficiales del Congreso del Estado?

Ojalá y pronto tengamos la respuesta a todas y cada una de estas preguntas por parte de una Comisión Especial Temporal que el pleno del Congreso tuvo la ocurrencia de integrar para conocer lo que heredaron de la Legislatura anterior, pues lo menos que se le puede pedir a esta Comisión es que predique con el ejemplo: que sea transparente y rinda toda esta información que aquí se plantea con preguntas.
Ahora preguntamos:

  • ¿Tuvieron la información o documentación oficial necesaria para llegar a la conclusión de los presuntos delitos en los que habrían incurrido los ahora ex legisladores, según ellos mismos denunciaron?
  • ¿Cuánta de la información de la que dispusieron para llegar a sus sorprendentes conclusiones fue oficial y cuánta la tomaron de lo publicado por los medios de comunicación?
  • ¿Con qué pruebas -contundentes como debe de ser-, cuentan para concluir que presumiblemente los ex diputados incurrieron en el delito de peculado?
  • ¿Con qué pruebas -contundentes como debe de ser-, cuentan para asegurar que los ex diputados incurrieron presumiblemente en el delito de abuso de autoridad?
  • ¿Con qué pruebas -contundentes como debe de ser-, cuentan para afirmar que los ex diputados presumiblemente sustrajeron y falsificaron documentos?
  • ¿Con qué pruebas -contundentes como debe de ser-, cuentan para decir que los ex diputados presumiblemente incurrieron en el delito de desvío de atribuciones?

Todas estas preguntas deben de ser respondidas amplia y contundentemente por los integrantes de esta Comisión Especial que debieron de haber realizado una investigación seria y que de haberla hecho y llegar a las conclusiones a las que llegaron, demuestran que son mejores investigadores que diputados.
Digo, porque si el pleno tuvo la ocurrencia de integrar esta Comisión Especial Temporal, ésta Comisión no debe de tener la ocurrencia de denunciar y llegar a conclusiones sin fundamento alguno.