Por Julio César Hernández
¿De veras los legisladores se “amarraron las manos” al aprobar, ya con todo y las observaciones del Ejecutivo, la Ley de Fiscalización que les impedirá, como era ya una vieja tradición y costumbre, “lavar” cuentas públicas a cambio de favores políticos?
No creemos que esto haya sido uno de los “sueños” manifestados recientemente por el gobernador Emilio González Márquez, pero sí lo era de los ciudadanos jaliscienses que sólo veían cómo el Poder Legislativo, a través de su Comisión de Inspección, se convertía en la más grande “lavadora2 de la entidad.
Y gracias a estas reprobables negociaciones o “cochupos” –como se le denomina al interior del Legislativo-, fue que muchos gobernadores y presidentes municipales lograron salir airosos de descarados actos de corrupción.
La impunidad en toda la extensión de la palabra.
Ah, eso sí, si algún edil -¡nunca un Gobernador!- caía de la gracia de los legisladores o se le quería cobrar algunas “facturas” pendientes,, entonces se le evidenciaban sus actos de corrupción o “presuntas irregularidades” y se le aplicaba el famoso “crédito fiscal”.
Pero, la verdad, hasta ahora nadie ha sido castigado por casos de corrupción o malversación de fondos.
Ahora los diputados “corrigieron” parte de la Ley de Fiscalización que ya habían aprobado, en respuesta a las observaciones que les hizo el gobernador González Márquez, quien había amagado con irse a la controversia constitucional si la Ley quedaba tal cual como fue aprobada inicialmente y que daba pie a que los diputados pudieran “meter la mano” a las cuentas públicas municipales.
En sesión ordinaria, los legisladores aprobaron ayer dichas correcciones y ahora tendrán que ser enviadas a los Ayuntamientos para su aprobación, lo cual será suficiente con el voto a favor de la mitad más uno.
Claro que aun falta la opinión del Ejecutivo respecto a si su propuesta está reflejada o no en esta modificación o corrección a la Ley de Fiscalización, para que aprobada por la mayoría de los gobiernos municipales no haya objeción en su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
De no haber ya objeciones a esta Ley, y habiéndose elegido al nuevo Auditor Superior –sin negar que pudiera repetir el actual, Alonso Godoy Pelayo-, ahora sí el cumplimiento de esta Ley quedará en sus manos. De él dependerá de que ya no haya encubrimiento en el cuánto y cómo gastan los entes públicos.
Y para ello, el Auditor requerirá de un equipo de colaboradores que sean conocedores del tema, expertos en sus respectivas áreas, y que no respondan a los intereses partidistas, de grupos o los particulares de los diputados que los colocaron ahí.
Vamos, la Auditoría Superior no puede ser refugio de los amigos de los diputados ni debe de servir para que éstos cumplan ahí sus compromisos de dar trabajo a quienes los apoyaron en campaña, como ocurre actualmente.
La autonomía de la Auditoría Superior y de su titular, debe de ser total, completa, sin que ello signifique que sea independiente, pues finalmente es un órgano del Poder Legislativo.
