El partido Movimiento Ciudadano (MC) tendrá que dar la cara y explicar las razones por las que “premió” a Fernando Martínez Guerrero con una candidatura, a pesar de los graves señalamientos de violencia política que hay hacia él. 

En 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia (SG-JDC-140/2019) en contra de Fernando Martínez Guerrero, entonces Presidente Municipal de Cihuatlán, luego de que la ex regidora María Guadalupe Becerra Barragán lo denunciara por violencia política en razón de género, ya que con sus acciones le impedía desempeñar adecuadamente las funciones para las que fue electa y hasta recibió amenazas de muerte. 

Lamentablemente, la historia no paró ahí y después de la resolución del TEPJF, el paradero de María Guadalupe es incierto, ya que medios locales y nacionales han dado cuenta de que está desaparecida desde hace meses, a pesar de que se ordenó en dicha sentencia la vinculación del Gobernador Enrique Alfaro y del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, la Fiscalía General, la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos para garantizar la seguridad de la víctima y de sus familiares. 

Sobre la presunta desaparición de la edil, actualmente existe una investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco y de la cual el Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez ha hecho mención en repetidas ocasiones porque sigue en curso.

A pesar de que todas las autoridades, tanto federales como locales, están enteradas de este grave y lamentable caso, el partido Movimiento Ciudadano sin pudor ni recelo decidió premiar a Fernando Martínez Gerrero dándole la candidatura a la diputación local del Distrito 18 con cabecera en Autlán de Navarro. 

¿Cómo es que los miembros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco desconocían la sentencia y aprobaron la candidatura? ¿Enrique Alfaro aprobó la postulación de Fernando Mártinez a pesar de saber de la sentencia de violencia política de género y de la investigación en curso por la presunta desaparición de la violentada? O es que, ¿hay algún interés superior al del Gobernador por tener a como dé lugar a Fernando como diputado de la región? ¿Las mujeres de MC seguirán calladas ante estos temas? 

… y a todo esto, ¿a cambio de qué?