El próximo primero de octubre entrarán en funciones las nuevas administraciones municipales en los 125 ayuntamientos de Jalisco. A menos de un mes de que esto suceda, poco se sabe de quiénes serán los integrantes de los equipos que apoyarán a los futuros alcaldes en las áreas operativas.
Y aunque la decisión de quiénes serán los próximos funcionarios municipales recae principalmente en los próximos presidentes municipales, lo cierto es que en éstos tiempos los futuros alcaldes no pueden desdeñar el peso de la opinión pública a la hora de decidir sobre estos nombramientos.
Cada uno de los presidentes municipales, sobre todo los de la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonala, Tlajomulco y El Salto, deben designar funcionarios responsables de servicios públicos fundamentales, como lo son los de seguridad pública, servicios de urgencias, protección civil, mantenimiento de calles, alumbrado público, mercados, guarderías, obras públicas, licencias y permisos para la operación de nuevos negocios y giros restringidos, ordenamiento urbano, parques y jardines, unidades deportivas, entre otros, que afectan de manera directa y cotidiana la vida de los ciudadanos.
Por lo anterior, debe de dejarse ver con un sentido patrimonialista la designación de los funcionarios de estas carteras: privilegiando los compromisos partidistas, las negociaciones, el amiguismo, el nepotismo y otras prácticas, por encima del interés legítimo de la sociedad.
Los nuevos gobernantes -sobre todo los del PRI, que quieren convencer al electorado de que existe un nuevo priismo- deberían empezar por abrir el proceso de selección de los funcionarios del primero y segundo nivel, para convencer a la sociedad de que, en verdad, eligieron a los mejores perfiles.
Los políticos de este siglo 21 están obligados a entender que el poder público no es un bien que se les regala, ni un cheque en blanco que se les otorga para que durante un trienio o sexenio hagan lo que se les pega la gana y se beneficien ellos y los suyos.
Por eso, es urgente que los próximos alcaldes empiecen a informarle a la sociedad los perfiles y los nombres de quienes pretenden designar en los cargos administrativo que tienen bajo su mando.
