Julio César Hernández
Horas antes de estar frente a los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el auditor superior Alonso Godoy Pelayo dice categórico:
“Someto al escrutinio público, al escrutinio social, de todos los actores, cuál ha sido el desempeño de Alonso Godoy, cómo piensa, cómo actúa, inclusive en mi propia vida privada porque todo se sabe.
“Si se está cuestionando algún desempeño público, alguna circunstancia relativo a los cargos que he desempeñado… ¡ahí están!
“He sido durante 23 años funcionario público. He participado a nivel estatal en todos los niveles de gobierno: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y a nivel federal en el Poder Judicial de la Federación. ¡Ahí están mis desempeños! ¡Ahí está la trayectoria de Alonso Godoy…!”.
– Cuestionan que haya recibido 6.5 millones de pesos por prestaciones. ¿Esa cantidad asusta?
– Puede ser que asuste o llame la atención, pero yo no determino los montos. Fue el Congreso en base a lo que se devengaba entonces, a las actualizaciones de esas cantidades.
– ¿No hay nada irregular? ¿Todo está fundamentado en papeles?
– Yo tengo documentos con criterios de la Suprema Corte, documentos donde demuestro que el pago que se me iba a hacer en 2007 fue reenviado al Congreso y los demás documentos deben de estar en la dependencia que autorizó el pago… ¡y no fue la Auditoría!
– Hay quienes dudan del Auditor, dudan de su honorabilidad, porque es fecha de que no hay funcionario alguno en la cárcel…
– En un estado de Derecho las competencias se distribuyen. Hay entidades que investigan lo relativo a la responsabilidad penal, otros relativo a la responsabilidad civil o a la responsabilidad penal.
“No es función de la Auditoría Superior llevar a cabo investigaciones de carácter penal. Nosotros no podemos meter a nadie a la cárcel porque no somos Ministerio Público. Ni juzgar a nadie porque no somos jueces. No podemos llevar a cabo procedimientos de juicio político porque no somos competentes; ni procedimientos administrativos sancionatorios porque no aplicamos la Ley de Responsabilidades en ese sentido. Ni cobrar créditos fiscales porque no somos autoridades ejecutoras…
“Nosotros somos un órgano dependiente del Poder Legislativo”.
– ¿Usted le ha entregado al Congreso elementos para que los diputados actúen contra algún funcionario público que debería de estar en la cárcel?
– ¡Claro! De 2004 a 2008 enviamos propuestas de cargos que ascienden a 2 mil millones de pesos. Y sólo lo que llevamos de las cuentas públicas del 2009 se han mandado propuestas de cargos que superan los 4 mil millones de pesos.
“¿Qué ha pasado después? ¡Ya no lo sabemos! No somos competentes para ello, salvo en las cuentas públicas del 2009 que ya no podrán sufrir cambio alguno”.
– ¿No hay temor de comparecer?
– En lo absoluto. Cuando todo está claro y transparente, lo único que queda es afrontar y enfrentar cualquier circunstancia.