Por Maggie G. Urzúa

Algo pasa en Jalisco que todos los policías municipales siempre terminan como victimarios; “los malos” de un cuento donde el ciudadano que se les ponga enfrente termina siendo su víctima.

Un día realizan detecciones arbitrarias, otro privan de su libertad a ciudadanos y los ponen al servicio del crimen organizado; a veces se involucran en ejecuciones extrajudiciales donde nunca logran justificar sus actos. 

Así sucedió alrededor de las 3:00 de la madrugada del jueves 30 de julio en la localidad de Buenavista, cercana a la cabecera municipal de Tlajomulco. En un río de versiones no confirmadas un hecho queda claro: un oficial acabó con la vida de un ciudadano, le disparó con arma de fuego.

La reacción del Gobierno Municipal y de la Fiscalía del Estado fue inmediata, pues de acuerdo con el alcalde Salvador Zamora a las 6:40 horas del mismo día los cuatro oficiales que atendieron el servicio ya habían sido arrestados.

Algo aprendieron del caso de Giovanni López en Juanacatlán, no esperaron un mes a que se ventilara todo, se adelantaron ante cualquier represalia social. No obstante, los cabos sueltos dan pie a una opacidad similar.

En una muy breve conferencia de prensa virtual, Zamora dijo desconocer el móvil de la detención del hoy occiso y el origen del supuesto forcejeo que hizo detonar la pistola.

Esta falta de información ha dado pie a una serie de rumores y contradicciones. Un primo de la víctima declaró para Tráfico ZMG que la agresión se produjo de manera directa por parte de un policía en el interior de la finca ubicada en la calle Álvaro Obregón al cruce con Madero.

Se habla, de igual forma, sobre una riña que intentaron disuadir los uniformados; o de una persecución contra el hoy muerto y algunos acompañantes. En ambos escenarios pudo existir portación de un arma entre los civiles.

Hasta las 9:00 de la noche la Fiscalía del Estado emitió comunicado y realizó rueda de prensa donde, para abonarle al tema, lanzó una versión preliminar un tanto incoherente: el fallecido fue sorprendido en actitud sospechosa en una tienda de conveniencia cercana a su domicilio, iba a bordo de un auto. Se le marcó el alto, por alguna razón fue esposado por los oficiales y, pese a la medida de seguridad, el sujeto logró escapar manejando hasta su hogar.

Si actuaban en su deber o si cometieron un abuso, en cualquiera de las hipótesis hubo errores entre los policías tlajomulquenses. Si la investigación se inclinara por la primera opción, ¿acaso no están capacitados en protocolos para desarmar a un ciudadano evitando daños? Y qué decir de las esposas, ¡cómo alguien se les puede escapar aun con las manos inmovilizadas!

De prevalecer los silencios, dudas sin despejar y declaraciones inverosímiles o absurdas, la culpabilidad policíaca irá aumentando y confirmará todas las acusaciones en su contra.

Por lo pronto la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco abrió el acta de investigación 505/2020/II donde dictan medidas cautelares al Presidente Municipal para evitar entorpecer las indagatorios; garantizando “el acceso a la verdad y a la justicia a la víctimas indirectas”.

Hay dos procesos de investigación abiertos: el del Ministerio Público y el de Asuntos Internos del Gobierno de Tlajomulco. Al menos uno debe brindar una conclusión satisfactoria, sin encubrimientos y rápida para hacer justicia a otra víctima de sus malos actos, que es a adonde apuntan todos los reflectores.