Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron la semana pasada lo siguiente:
“Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la controversia constitucional intentada de manera conjunta por los municipios promoventes (…). Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido”.
El pleno de la Corte respondió así a la controversia constitucional interpuesta por los ayuntamientos metropolitanos gobernados por el partido alfarista Movimiento Ciudadano, cuyo documento le correspondió entregar al alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro, por ser el municipio donde más caro se venden los hidrocarburos, con lo que compartió así los reflectores en la ciudad de México con el jefe del grupo naranja, Enrique Alfaro Ramírez, semanas atrás cuando acudieron hasta el Palacio de San Lázaro donde anunciaron una serie de medidas en contra del “gasolinazo”, la controversia entre ellas.
Ahora, tras la conclusión de la Suprema Corte, el munícipe Jesús Pablo Lemus, arremetió contra los ministros y en dos tuits que subió en su cuenta el domingo pasado, dijo:
“La SCJN desechó nuestra controversia constitucional contra el #gasolinazo”.
“Combatiremos la decisión de la SCJN, no estamos de acuerdo que en Zapopan paguemos la gasolina más cara del país”.
No hay duda que los munícipes alfaristas, y Jesús Pablo en particular, tienen en sus asesores jurídicos a sus principales adversarios, pues además de no haberse asesorado bien sobre la viabilidad de éxito de una controversia -que finalmente les sirvió para su exhibición mediática-, ahora vuelve a “tropezar” con la misma piedra al creer que la resolución de la Corte puede ser atacada ante otra instancia.
Pero no. Después de la Suprema Corte no existe otra instancia legal que deba o pueda conocer del rechazo de una controversia constitucional. Claro que los inconformes pueden combatirla ante la instancia que quieran o crean que procede, pero de hacerlo no será más que para volver a recibir otro “revés” y quedar en rídiculo por tercera ocasión.
Ojalá y se haga público cuándo y ante quién se combatirá la decisión de la Corte de desechar “de plano, por notoriamente improcedente” la controversia constitucional presentada por los alcaldes alfaristas de Movimiento Ciudadano, aunque para no ser exhibidos nuevamente deberían de buscar otros recursos o insistir en la reducción del IEPS como lo plantearon los legisladores comandados por Clemente Castañeda, a ver si “pega”.