En su afán por controlar políticamente a la Auditoría Superior y su empeño por encontrar una “rendija” por dónde “lavar” cuentas públicas ante la restricción que les impone ahora la Ley de Fiscalización -como anteriormente se hacía de manera impune y descarada-, la Comisión de Vigilancia no repara en pretender violar la propia Constitución Política del Estado.
Y para ello cuenta con la complicidad o ignorancia del resto de los diputados que no forman parte de ella, quienes preocupados e interesados más por sacar adelante sus propias ambiciones o simplemente por negligencia y desinterés por cumplir con la obligación para la que fueron electos, apruerbas, ni cuenta se dan de los “goles” que les meten sus propios compañeros.
El miércoles pasado, cuando la atención estaba puesta en la iniciativa popular que pretendía “blindar” a la familia y exhortar al Gobernador a que libere los recursos federales retenidos a los municipios, los diputados aprobaron reformar el artículo 103 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 15, 80, 85 y 88 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública, con lo que se facultaría a la Comisión de Vigilancia -que encabeza el diputado y presidente del Congreso, Salvador Barajas del Toro- a:
“Devolver con observaciones a la Auditoría Superior por una sola vez, los informes finales de cuenta pública o estados financieros, cuando de la revisión y auditoría pública se consideren aspectos materia de esta ley y que no fueron contemplados en el informe final”.
Prácticamente esta reforma “pasó de noche” para propios y extraños, y sólo el periódico “Mileno” -que ha incurrido en desinformar a la ciudadanía respecto al caso del Auditor Superior-, hizo referencia a ella de la siguiente manera:
“Por otra parte, la laguna que existía en la ley, sobre el momento en que las cuentas públicas pueden ser devueltas a la ASEJ, quedó subsanada, luego de que el pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma que da esa facultad a la Comisión de Vigilancia”.
Con esta reforma aprobada la semana pasada por el Pleno, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado reitera su interés por mantener el control de las cuentas públicas, abriendo la sospecha  de que sus integrantes -empezando por su Presidente-, se resisten a quedar fuera de la posibilidad de “negociar” o “lavar” las cuentas públicas que grandes dividendos dejaron a sus antecesores antes de entrar en vigor las reformas a la Ley de Fiscalización, a partir del 2009.