Al Gobierno de Jalisco se le perdió la transición y lo exhibe sin el menor pudor o con el mayor descaro.
En un despliegue de desorden y falta de respeto al derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos, la Secretaría General de Gobierno del Ejecutivo Estatal admite que no sabe dónde quedaron los documentos generados por las empresas consultoras Avah Legal y Vázquez Nava Consultores, a las que pagó 6.8 millones de pesos del erario por llevar a cabo los trabajos de la transición.
A través de Infomex se solicitó al gobierno estatal, los documentos generados durante los ocho meses que duró el proceso de transición, así como un detalle mayor de los gastos del periodo incluidos viajes, eventos, traslados, reuniones y equipo.
La Secretaría General de Gobierno a través de Mauricio Fabián Buenrostro, Coordinador de Transparencia, dictaminó procedente la solicitud de información, sin embargo la respuesta final que hizo llegar al usuario resulta en una evidente simulación o intento de engaño, pues se limita a enviar un documento signado por el Oficial Mayor de Gobierno Francisco Javier Morales Aceves, mediante el que señala “no es de nuestra competencia”.
Y con semejante respuesta se da por bien servida la Unidad de Transparencia; sin pudor alguno, envía tal cual el comunicado al ciudadano.
Eso sí, para el indicador, la Secretaría General de Gobierno ya cumplió: dictaminó procedente y emitió una respuesta en tiempo, aunque la calidad de la respuesta sea pésima.
El asunto es grave desde varias aristas. Primero, es trascendental saber si en efecto la Secretaría General de Gobierno desconoce a dónde fueron a parar los documentos generados durante la transición, si es que existieron, y si resulta que simplemente se perdieron los ocho meses transcurridos desde la elección hasta la entrada del nuevo gobierno, tomando en cuenta que un trabajo institucional resulta imposible sin conocer los antecedentes en cada dependencia del Ejecutivo.
Sin pretender entrar al terreno de la especulación, pudiera ser esta la evidencia que explique el desorden generalizado al inicio de la administración 2013-2018; y una consecuencia del largo proceso improvisado donde un equipo realizó los trabajos como gobierno electo, otro equipo recibió oficinas y un tercero recibió el nombramiento para ejercer el cargo.
La desorganización se acentuó con los cambios estructurales en el Ejecutivo sin los ajustes presupuestales ni alineación de los Programas Operativos Anuales vigentes.
Refrenda así mismo la costumbre del rompimiento de la institucionalidad en México al arribo de los nuevos gobiernos y la falta de continuidad, donde el que llega, desdeña las acciones de las administraciones anteriores por lo que la documentación de los antecesores, no es prioritaria.
Segundo, el caso es grave por tratarse de una clara simulación en la respuesta que se otorga a un ciudadano que ejerce su derecho a saber, consignado en ley. Los documentos de la transición no están, y al sujeto obligado no le interesa buscarlos; mucho menos atender de manera puntual y real la solicitud vía transparencia.
Por el contrario, sin ruborizarse la Unidad de Transparencia acepta la respuesta que no es digna ni para la imagen del gobierno, y la hace llegar al usuario; de paso pone en entredicho la capacidad de la SGG para rastrear la información que solicita el usuario, y abre la duda sobre sus capacidades para reunir los elementos necesarios para la operación del gobierno.
Grave resulta si se evalúa el nivel de transparencia y la calidad de las respuestas que otorga el nuevo gobierno a las inquietudes ciudadanas, y más preocupante aún el anuncio del Secretario General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez del pasado 19 de marzo, en el sentido de que operará una sola unidad de transparencia de todo el Ejecutivo y dependerá de él.
Ya se cantó el manejo vertical -contrario a los gobiernos modernos que son horizontales- en materia de acceso a la información pública, de manera parcial y tramposa, a pesar del arribo de Guillermo Muñoz Franco a la General de Gobierno, procedente del órgano garante de la transparencia (ex consejero del ITEI).
Y tercero, resulta también grave la inacción del organismo garante de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos de Jalisco, el ITEI; no es la primera ocasión en que un sujeto obligado emite una respuesta con el claro fin de ocultar información pero a la vez tratando de “cumplir” con el indicador de respuesta “solicitud aceptada” y respondida en tiempo.