La “pista” que los alfaristas Hugo Luna, Clemente Castañeda e Ismael del Toro dieron a los medios de comunicación respecto a que la empresa Profesionales en Gestión Tributaria SC también prestó sus servicios a los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, así como al SIAPA, con lo que pretendieron descalificar la acusación del PRI de que a través de esta empresa se desviaron 86 millones de pesos a favor de las campañas de Enrique Alfaro Ramírez, arrojó interesantes resultados.
Esta empresa,-cuyo domicilio resultó ser el mismo de la agrupación política alfarista Alianza Ciudadana, en la calle Belén 184-A-, efectivamente prestó sus servicios al Ayuntamiento tapatío, pero resulta que ahí también su participación abre una serie de sospechas sobre su oscuro trabajo y el resultado de los mismos.
Entrevistado por la reportera Martha de la Torre de Radio Noticias 1070, el regidor y coordinador de la fracción edilicia del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Cárdenas Jiménez, reveló que la contratación de esta empresa fue lo que motivó la solicitud de juicio político en contra del tesorero municipal, Francisco Padilla Villarruel, por haberlo hecho sin la aprobación del Cabildo como lo marca la ley, además de que se confirmaron otras anomalías.
En el caso del SIAPA, lo que hasta el momento se sabe es que se contrató a Profesionales de Gestión Tributaria en el 2012, pero su contrato fue rescindido o cancelado ante la falta de resultados en un año.
Por supuesto falta conocer detalles de esta contratación en este organismo y de la realizada en los ayuntamiento de Tlaquepaque y Tonalá.