Por Julio César Hernández

En su momento, los senadores Ramiro Hernández García, del PRI, y Héctor Pérez Plazola, del PAN, coincidieron en que el conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima es un asunto que debe de atender la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no el Senado de la República.

Hernández García y Pérez Plazola se han manifestado escépticos a que el Senado resuelva este conflicto sin que el peso final sea de carácter político, carácter que ya se advirtió en el tiempo que se ha llevado elaborar el reglamento de la Comisión de Asuntos Limítrofes, de la que forma parte el panista.

A todo lo anterior habrá que sumarle la falta de concentración del gobierno jalisciense en atender este asunto, tal y como se los ha reprochado en su momento los legisladores locales, que quisieran ver en las autoridades estatales la atención que, en cambio, sí le presta el gobierno de Colima al tema.

Sabedores no sólo de que difícilmente el Senado podrá sacar adelante y poner fin a este conflicto de límites, sino de que el dictamen podría no ser favorable para Jalisco, las autoridades estatales han puesto en marcha la estrategia de trabajar para que el asunto lo retome nuevamente la Suprema Corte, vía una nueva reforma constitucional.

Independientemente del carácter político que pudiera tener una resolución de la Cámara de Senadores, no debería de generar temor en el gobierno de Jalisco de perder el caso si de veras se tuvieran las pruebas de que el territorio en disputa les pertenece.

¿Por qué, entonces, desviar su atención, distraerse, en trabajar para que el conflicto limítrofe con Colima sea otra vez retomado por la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué seguridad existe de que se logrará la reforma constitucional requerida para lograr lo que se pretende? ¿Qué argumentos pueden ser tan contundentes que convenzan a la mayoría de los senadores de que ellos no son capaces de resolver este conflicto y que es necesario que regrese a la Corte? ¿No será un tiempo precioso el que se pierda en la defensa jurídica del territorio, por andarse distrayendo en lograr que el máximo órgano del Poder Judicial en el país atienda lo que le llevó atender diez años sin resultado alguno?

¿O son simples “patadas de ahogado” ante la falta de pruebas para reclamar lo que no le pertenece a Jalisco?

Ayer hubo una reunión en Casa Jalisco donde se acordó insistir en la reforma constitucional para que la sea la Corte, y ya no el Senado, la que conozca de estos conflictos, y se dio a conocer que la responsable de presentar dicha iniciativa será la senadora panista Eva Contreras Sandoval.

Sin embargo, más tarde el senador Ramiro Hernández García reveló que él ya está trabajando en la elaboración de esta iniciativa y que la presentará en su momento.

¿Por qué perder el tiempo ya no sólo en buscar que la Corte retome el conflicto, sino en trabajar en torno a dos iniciativas sobre el mismo caso?

Así de coordinados están en la defensa del territorio.

Ahora ya entendemos por qué Colima lleva la delantera en este conflicto.