Quienes hoy festinan el pronunciamiento de los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y Acción Nacional de que no “ratificarían” un nuevo período de Alonso Godoy Pelayo al frente de la Auditoría Superior del Estado son aquellos que durante años pretendieron que fuera destituido del cargo… violentando la ley. Y fracasaron.
Hicieron de todo para ajustar cuentas personales, satisfacer sus propias ambiciones y defender otros intereses que estaban muy lejos de ser los que ellos enarbolaban en el discurso mediático. Y no fueron pocos los que ingenuamente “picaron el anzuelo”, se sumaron al grito de “¡fuera el Auditor!” y aplaudieron a rabiar cada señalamiento o acusación en su contra, aún y cuando carecieran de pruebas.
No fructificaron “periodicazos”, denuncias penales que no procedieron, reiteradas demandas para que se repusiera el proceso de su elección que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó de poner en su lugar: la basura, y hasta un triste y denigrante espectáculo de un dirigente empresarial que recorrió los pasillos del Congreso del Estado con un cheque en mano por 35 mil pesos para que prácticamente le fuera entregada la Auditoría Superior al sector privado y colocar en ella a uno de sus incondicionales.
Alonso Godoy enfrentó todos los embates, legales e ilegales, y ganó en tribunales los que se resolvieron ahí.
El posicionamiento del PMC fue festejado como si la salida de Godoy Pelayo fuera a tener efecto al día siguiente. Pero se autoengañan quienes así lo festinan. De hecho, algunas voces que antes se desgañitaban exigiendo su remoción, hoy ante el anuncio alfarista fueron más prudentes en su reacción e, incluso, consideraron que eso no bastaba para mejorar la fiscalización de los entes auditables.
Otros que también se ganaron las portadas y espacios principales de algunos periódicos pidiendo la salida del auditor, hoy manifiestan indecisión sobre si debía o no seguir al frente de la ASEJ.
Basta recordar el pronunciamiento que los entonces diputados electos del Partido Movimiento Ciudadano de la pasada Legislatura, encabezados por Clemente Castañeda, emitieron al respecto en octubre de 2012 en un comunicado de prensa, en el que señalaron lo siguiente:
“El pasado lunes 15 de octubre, la actual Legislatura confirmó una vez más su irresponsabilidad, a propósito de la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con la que se dio marcha atrás al proceso que iniciaron para destituir al Auditor Superior del Estado, Alonso Godoy.
“Con esta resolución se evidenció que los actuales legisladores únicamente intentaron construir una cortina de humo en torno al tema de la fiscalización, toda vez que el origen del problema se encuentra en la incompetencia, las malas decisiones e intereses políticos de los diputados de la actual legislatura…
“Los actuales diputados han tratado de desviar la atención con el tema de la destitución, precisamente porque son ellos quienes no han cumplido sus responsabilidades en materia de fiscalización, control y evaluación del desempeño de las entidades fiscalizables del estado…
“Es claro que para los actuales legisladores la salida fácil ha consistido en lavarse las manos y culpar a la Auditoría Superior del Estado, evadiendo cómodamente sus propias responsabilidades en materia de fiscalización, vigilancia y evaluación…”.
Así se pronunciaron entonces los diputados alfaristas.
Ahora, al paso de los años, los hechos, los que son comprobables, le dieron la razón al auditor superior quien dejará el cargo… ¡hasta dentro de cuatro meses!
Los “plazos fatales” que una y otra vez anunciaron con “bombo y platillo” los detractores del auditor para cumplimentar su salida se toparon con la realidad… y la verdad jurídica.
Godoy Pelayo dejará de ser auditor superior no porque fue destituido, cesado o corrido -llámenle como quieran-, sino porque cumplirá en diciembre próximo el período de siete años para el que fue electo en 2008 y cuya gestión inició en 2009, año clave en el inicio de los ataques en su contra, pues fue el año auditado en el que la Auditoría Superior aplicó millonarios cargos a varios Ayuntamientos de aquel tiempo y que, como lo dijo el auditor, despertó la embestida en su contra de una parte del sector privado.
Pero de este punto hablaremos en una entrega posterior, pues aún hay muchos temas por escribir en torno a la Auditoría Superior y la “cacería” emprendida en contra de su titular, algunos que ya hemos abordado en Marcatextos y otros que surgen a la luz tras el pronunciamiento alfarista. De todo ello seguiremos hablando más adelante.
Por lo pronto, en un gesto de honestidad y autocrítica, los detractores del auditor superior deberían de reconocer que fueron derrotados simplemente porque la razón y la verdad juríidica nunca estuvieron de su parte.