¿En qué pueden asesorar a diputados un ex vigilante que además fue repartidor, cobrador y obrero; una persona cuya experiencia es haber laborado en centros nocturnos, en una tienda y una proveeduría en Puerto Vallarta; una persona que trabajó en los Sorteos Tec; una persona que fue chofer en el DIF Tepatitlán y empleado en Inspección y Vigilancia; una persona que fue empleado de Technicolor; una persona que coordinó eventos en una casa de enlace; o una persona que laboró en una agencia automotriz y publicitaria?
¿En qué puede asesorar a diputados o diputadas personas cuya escolaridad es de primaria, secundaria o bachillerato,  con estudios técnicos en Electrónica o con licenciatura en Diseño Integral o en Ingeniería Industrial?
Quizás sea menos cuestionable la asesoría de un licenciado en Turismo, un pasante de licenciatura en Administración Gubernamental, un gastrónomo con diplomado en Políticas Públicas, un nutriólogo, un pasante de Derecho, un psicólogo, administrador de empresas o polítóloga.
Pero, ¿cómo justificar que todos los arriba mencionados, con ese perfil y sin experiencia alguna en el trabajo legislativo, tengan un salario de entre 20 mil y 24 mil pesos mensuales?
Los menos culpables en esto son los asesores contratados, pero los diputados creo que deben una explicación sobre las razones de tener como asesores cuyo perfil está muy lejos de ser el que exige y requiere un trabajo legislativo, una labor de hacer leyes, que es la obligación y tarea primaria de un legislador.
Ayer el periódico Mural dio a conocer los datos anteriores, evidenciando que los diputados que han contratado a éstas personas como asesores ejarían mucho que desear en su compromiso de realizar una labor legislativa profesional, eficiente y eficaz. O habría que preguntarles quiénes son entonces los que los ayudan a elaborar las iniciativas y qué tarea realizan las personas con el perfil referido líneas arriba.
Creo que los diputados estarían obligados a decirles a los ciudadanos con qué criterio contrataron a estos asesores y para qué tareas en concreto, sin menospreciar las labores que hayan realizado antes que son respetables y. sin duda, una forma honesta de ganar un salario. Pero sin duda que su experiencia en tareas de chofer, de gestora de apoyos, de agente automotriz, de vigilante, repartidor o cobradora nada tienen que ver con el trabajo de un asesor legislativo. ¿O sí?
Ante esta realidad, ¿no sería conveniente que se estableciera en la ley o en el reglamento el perfil que debe de cubrir quien sea contratado como asesor legislativo? Eso, sin duda, elevaría la calidad del trabajo de los diputados o al menos aseguraría una labor más efectiva en beneficio de la sociedad.
Esperemos, pues, a conocer qué respuesta dan los diputados que tienen a estos asesores, quizás nos encontremos con gratas sorpresas que nos dejarían anonadados.