Si en las esferas del poder en el estado creyeron que el escandaloso “cochinero” que los diputados hicieron para imponer en el Consejo de la Juidicatura a tres nuevos integrantes, “apagaría” el tema del “halconazo” del pasado viernes 5 de junio y de la violenta manifestación de un día antes, se equivocaron.

En ambos hechos sobresalen dos pendientes: 1. La detención del individuo que prendió fuego por la espalda a un policía, que en algunas imágenes que circularon en redes sociales es visto incluso dialogando con algunos uniformados sin problema alguno; y 2. El esclarecimiento del “levantón” y posterior desaparición de jóvenes estudiantes que fueron abandonados horas después en lugares muy lejanos de donde fueron detenidos.

Aún hay muchas interrogantes que responder y muchas cosas que aclarar.

Sobre el primer punto, es altamente sospechoso que el agresor aún no haya sido identificado ni aprehendido, lo que hace inicialmente creíble la versión de que posiblemente era un “infiltrado” de carácter “oficial” y no un manifestante opositor ciudadano o un enviado “morenista”. Y es que en el actuar hay mucha similitud con lo sucedido en aquella manifestación de los “globalifóbicos” cuando el procurador del Estado era el hoy Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Respecto al segundo punto, algunos de los estudiantes “levantados” solicitaron el martes pasado la intervención de la Fiscalía General de la República, no sólo porque no han sido notificados oficialmente de que ya lo haya hecho como lo aseguró el gobierno del Estado, sino porque cuestionan que la Fiscalía Anticorrupción considere las acciones en su contra como “privación ilegal de la libertad” y no como “desaparición forzada”, tal y como lo documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Además, denunciaron que son víctimas de acoso a través de “visitas” en sus casas y llamadas a sus teléfonos en las que sólo les mencionan su nombre y cuelgan, y confiesan que su situación es de “terror y preocupación”.

Al mismo tiempo, se reveló que 14 agentes ministeriales de la Fiscalía estatal fueron suspendidos como presuntos responsables de la detenención de los jóvenes, pero aún no se aclara quién les dio la orden, si actuaron por su cuenta o por órdenes de la delincuencia organizada, como lo aseguró el gobernador Enrique Alfaro, o recibieron la instrucción del fiscal Solís Gómez -y de lo que estaba enterado el Mandatario estatal-, como lo aseguraron familiares de algunos de los agentes.

Sin duda el punto central es investigar el grado de “infiltración” que la delincuencia organizada ha hecho en la Fiscalía del Estado, en quién recae la responsabilidad de que ello haya sucedido, cuál será la sanción por aplicar y qué se hará para depurar la dependencia y evitar que eso vuelva a suceder, aunque el fiscal Solís Gómez se consuele con que eso sucede en todas las corporaciones de seguridad del país.

De esta tema -de la infiltración de la delincuencia organizada- no ha vuelto a hablar el gobierno. Hizo mutis.

Así, pues, el “halconazo” del 5 de junio no debe ni puede quedar en la impunidad como sucede en Jalisco con muchos otros delitos, y tampoco hechos como la vergonzosa actuación de los diputados con el caso de la Judicatura pueden distraernos ni pretender ocultar un hecho reprobable y del que los jaliscienses esperan una respuesta convincente por parte del gobierno de Enrique Alfaro.

La transparencia en el caso del Coronavirus y el esclarecimiento del “halconazo” del 5 de junio, son los dos temas inmediatos que el alfarismo tiene pendientes responder a los jaliscienses.