El pasado proceso de elección de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) puso en evidencia, una vez más, la farsa que destila la política, la comedia que representan algunos políticos en momentos como éste y la ignorancia que demuestran algunos personajes más que no acaban de entender que “la política es para quien le entiende, no para quien le gusta” (dixit Félix Flores Gómez).
Esta elección no fue diferente a las anteriores donde eligieron a los consejeros electorales que encabezaron como presidentes Tomás Figueroa, por vez primera; David Gómez Álvarez, hoy subsecretario de Planeación; José Luis Castellanos, fuera de todo cargo público;  Alejandro Elizondo Gómez, regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara; José Manuel Barceló, ex funcionario de la Secretaría de Educación en el gobierno panista de Emilio González Márquez…
Y no lo fue porque dicha elección se ha sometido a lo establecido por el Constitución del Estado y las respectivas leyes electorales, donde se precisa que serán las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado las que propondrán a los candidatos a ser consejeros electorales en el otrora Consejo y ahora Instituto Electoral.
Recordemos: a Barceló, a Elizondo Gómez y a Gómez Álvarez los propuso el PAN, en tanto a Castellanos y a Figueroa los propuso el PRI. El PRD ha sabido reconocer su posición minoritaria y por eso simplemente ha apoyado el nombramiento de todos ellos, al igual que en su momento el PMEV.
El Partido Movimiento Ciudadano apenas hoy llegó al Congreso, por primera vez, y creyó que podía poner al presidente del IEPC.
Anoten: la ley establece que son las fracciones parlamentarias las que propongan nombres y apellidos de candidatos a ser consejeros electorales. Nada más. La ley nunca ha establecido que deberá de hacerse una consulta entre la ciudadanía o entre organizaciones civiles, empresariales, religiosas o de cualquier otra de esta naturaleza.
La ley -Constitución y códigos electorales- nunca -subrayo: nunca- ha señalado que los consejeros electorales serán “representantes ciudadanos”, como absurdamente han reclamado algunos como el ex presidente de la Coparmex, Pablo Lemus Navarro, quien cree que así debe ser sólo porque en el nombre del organismo lleva las palabras “Participación Ciudadana” (¡Cuánta ignorancia!).
Bajo la presidencia de los arriba mencionados, el organismo electoral en turno -que fue integrado de la misma manera como lo fue ahora: a propuesta de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado correspondiente- calificó las elecciones donde ganaron muchos de los que hoy cuestionan y critican a los nuevos integrantes del Instituto Electoral y la forma en que fueron elegidos, y en ese entonces no que quejaron; por el contrario, hasta festejaron la decisión del órgano electoral.
Y de esa manera fueron legisladores, para empezar, los cinco diputados del Partido Movimiento Ciudadano, encabezados por su corrinador Clemente Castañeda,  que “indignados” abandonaron el recinto legislativo sin siquiera cumplir con su obligación que les mandata la ley de proponer a su o sus candidato(s) para integrarse al Instituto Electoral.
Que la mayoría de los diputados les aceptaran o no, ya es otra cosa.
De esa manera fue integrado el órgano electoral que calificó y reconoció el triunfo del “líder moral” de los ibarristas-alfaristas, Enrique Alfaro Ramírez, primero como regidor del PRI en Tlajomulco, después como diputado local por el PRD y luego como presidente municipal en Tlajomulco también por el PRD.
Y por supuesto también todos los hoy alcaldes y regidores del Partido Movimiento Ciudadano.
Lo mismo sucedió ahora que por vez primera el ex presidente de la Coparmex, Guillermo Martínez Mora, llegó al Congreso del Estado como diputado del distrito 10.
Pero, curiosamente, ninguno de los hoy legisladores que se “resgan las vestiduras” por la forma en que fue conformado el IEPC -igual que cuando ellos ganaron la elección-, han tenido la inteligencia de presentar -o haber presentado con tiempo- reformas a la ley para que, precisamente, no fueran las fracciones parlamentarias las que propusieran candidatos y éstas mismas, en su conjunto, aprobaran o no a los candidatos propuestos.
Es más, ninguno de ellos fue capaz de presentar argumentos y pruebas válidas para descalificar o evitar que fuera electo alguno de los hoy siete consejeros electorales. Quisieron evitarlo con el hígado y eso no está previsto por la ley, así de sencillo.
Discúlpenme pero, reitero, el proceso de elección de los nuevos consejeros electorales puso en evidencia, además de la ignorancia de no pocos, una verdadera “danza de farsantes”.