En más de una ocasión he advertido del costo que paga Jalisco por el diferendo que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez sostiene de manera permanente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que cuando está frente a él su actitud y discurso cambian en sentido contrario.

No son pocas las veces en las que Alfaro Ramírez prácticamente ha rogado en público ser escuchado por el Primer Mandatario, por aclararle que no tiene nada en su contra -en los hechos es otra cosa-, y hasta por ponerse a su disposición para transformar el país, incluso comprometiéndose a corregir los errores por él cometidos, aunque nunca ha aclarado cuáles son esos errores.

Pero una cosa es el discurso y otras las acciones, por las que el estado paga las consecuencias como es no sólo el olvido de la Federación, más allá del presupuesto ya comprometido anualmente y de acuerdo a la Ley de Egresos del gobierno federal, sino la poca o nula atención que se tiene para otros sectores como es el empresarial. Recordemos que López Obrador nunca respondió a la petición de audiencia del empresariado jalisciense, en tanto que sí atendió a los de Nuevo León y de la Ciudad de México.

He cuestionado también las consecuencias que traerá para el estado la participación de Enrique Alfaro en todos los bloques de gobernadores opositores al lópezobradorismo, al grado de hasta condicionar su asistencia a la reunión que el presidente sostendrá mañana jueves con la Conago si no se incluyen en la agenda los temas que ellos quieren, como el fiscal. Al tiempo sabremos el tamaño del costo.

A todo lo anterior hay que añadir otro factor que, cuando menos, provocará que Jalisco esté otro rato en el olvido del gobierno federal, y es la renuncia de miembros del gabinete de López Obrador que tenían en la agenda obras importantes para el estado. Y me refiero particularmente a la ya conocida de Javier Jiménez Espriú, como secretario de Comunicación y Transporte, y la que se apuesta pronto se dará de Víctor Manuel Toledo como secretario del Medio Ambiente.

Salvo una sorpresa, la salida de Jiménez Espriú retrasará una vez más la puesta en operación de la Línea 3 del Tren Ligero, que durante la pasada visita presidencial anunciaron que sería a más tardar el primero de septiembre. Hasta donde se conoce la agenda del presidente, tiene gira por varios estados del país en lo que resta del mes y no se incluyó nuevamente a Jalisco, a menos de que entre de último momento. Quedan nueve días.

Y en caso de que se concrete la renuncia de Víctor Manuel Toledo como titular de la Semarnat, nuevamente quedará en el limbo el futuro de la controversial presa El Zapotillo, que parece tendrá el mismo destino que otras obras proyectadas e iniciadas para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, pero que fracasaron.

Han transcurrido ya casi dos años de la actual administración federal de López Obrador y no hay ninguna aportación especial de su gobierno para Jalisco, y mucho tiene que ver -por no decir todo-, las diferencias que mantiene con Alfaro Ramírez como con ninguno de los otros gobernadores del país. Y nada presume que el escenario vaya a cambiar.

Por el contrario, el proceso electoral que se avecina el año próximo podría agudizar las diferencias y el distanciamiento con un alto costo para la entidad. Y dependiendo del resultado, esto se puede acortar o agudizar aún más, principalmente con el objetivo desde Palacio Nacional de frenar cualquier anhelo y ambición del mandatario jalisciense por aparecer en la boleta del 2024.

Así, pues, enviemos nuevamente al archivo, o dejémoslas ahí, la obra de la Línea 3 del Tren Ligero y la de la presa El Zapotillo; total, si no fueron concluidas por los gobiernos que las iniciaron, poco interés vemos ahora en quienes nada tienen que ver con ellas.

Y si no, al tiempo…