Ya se cumplió un mes de la muerte del Secretario de Turismo del gobierno de Aristóteles Sandoval, Jesús Gallegos Alvarez.
Hasta ahora la opinión pública sólo conoce el contenido de una rueda de prensa que dio ese mismo sábado 9 de marzo por el secretario General de Gobierno Arturo Zamora -en la que éste señaló que el móvil del asesinato se estaba ubicando en relación a sus actividades previas como empresario y no con su cargo-, que ese mismo día fueron arraigadas cuatro personas que luego fueron liberadas y que posteriormente fue arraigada otra persona que estaba organizando la escolta del funcionario asesinado, sin que hasta ahora se haya confirmado su responsabilidad en el atentado.
Es decir, ni responsables ni móvil del asesinato.
La prisa con la que el secretario Arturo Zamora descartó que el homicidio haya tenido que ver con la incipiente función pública de Jesús Gallegos y el anuncio de que la investigación se dirigía desde aquel momento a sus actividades personales y empresariales, hace pensar que el móvil del asesinato y otros datos los conoce el gobierno estatal desde ese día.
Sin embargo, desde esa fecha para acá la opinión pública no ha sabido lo que tiene derecho a conocer: quiénes fueron los responsables de la muerte del secretario Gallegos y cuáles fueron sus motivaciones.
Y tampoco se ha hecho justicia.
Si el gobierno de Jalisco, con su nueva Fiscalía General, no ha sido capaz de resolver en un mes el homicidio de un secretario estatal, con el apoyo anunciado del gobierno federal, ¡malo!
Si ya se conocen el móvil del homicidio y sus responsables y se ha antepuesto la agenda política a la agenda de la justicia, ¡más malo todavía!
La existencia de la delincuencia está estrechamente ligada a la de la impunidad.
Si este crimen no se resuelve pronto, como el de miles de averiguaciones que reposan en los archivos del ministerio público y de los jueces penales, este tipo de delitos seguirá dañando a la sociedad.