Por Julio César Hernández

La polémica alrededor del excesivo incremento a las prerrogativas que hoy tratan de enmendar, tiene diversas aristas que merecen la pena abordar.

1.- Los partidos políticos no fueron sensibles a tiempo sobre el monto del aumento antes de incluirlo en el nuevo Código Electoral y aprobarlo.


2.- Ante la embestida de las cúpulas empresariales y del Poder Ejecutivo que criticaron el incremento y exigieron que fuera modificado a la baja, los diputados y dirigentes de los partidos políticos salieron a defender, a capa y espada, lo obtenido.


3.- Más por intereses políticos –que tiene que ver con sus diferencias dentro del PAN- que por otra razón, el Ejecutivo estatal interpuso una controversia constitucional en contra del Congreso del Estado por el alto monto de las prerrogativas.


4.- Tras el rechazo de la Suprema Corte de Justicia a la controversia, el Ejecutivo presentó un recurso de queja que aun no ha sido resuelto por la misma Corte.


Bastó un viaje juntos a Nueva Zelanda para que el gobernador Emilio González Márquez y el diputado Jorge Salinas plantearan en la mesa a necesidad de reducir el monto de las prerrogativas, so pretexto de la crisis económica. Esta propuesta desencadenó otra serie de sucesos dignos de enumerar:

1.- Se sospecha que esta propuesta tiene como objetivo minar las posibilidades del PRI de gastar el dinero suficiente para realizar campañas con amplias posibilidades de traducirse en triunfos electorales.


2.- Se desconfía del gobierno estatal y se asegura que el 50% de los recursos que el PAN está dispuesto a regresar, puede ser compensado por otras vías a través de recursos públicos del Ejecutivo o de algunos Ayuntamientos.


3.- Los partidos pequeños ceden a la petición del Ejecutivo-PAN con la esperanza de sumar algunos votos a su favor, no obstante el riesgo que corren hasta de perder el registro si no alcanzan el 3.5% de la votación.


4.- El PRI decide no aceptar reducir ni un peso el monto de las prerrogativas que le corresponde, bajo el argumento de que son recursos legales que tienen un destino específico de beneficio ciudadano.


5.- El Ejecutivo decide cancelar una reunión con los partidos políticos, so pretexto de que el PRI se negó a reducir el monto, pero no a ausentarse de la reunion.

Todo lo anterior abre una serie de interrogantes: ¿No es desvío de recursos destinar fondos –los que regresarán los partidos- originalmente asignados a los partidos políticos a otros rubros diferentes, por muy buena que sea la causa?


¿Puede estar por encima de la Constitución un acuerdo de buena voluntad?


¿Por qué el Ejecutivo no esperó la respuesta de la Corte? ¿Será que sabe que le será adversa y quiere desviar la atención anotándose un triunfo no previsto, blindado por su partido y con la “chiquillada” como comparsa?