Confieso que no soy un periodista al que funcionarios estatales o municipales, desde que abrí mi cuenta en Twitter en enero del 2011, hayan bloqueado en sus cuentas similares. O al menos no me he dado cuenta que alguno de ellos lo haya hecho.

Tengo registrado haber escrito, de entonces a la fecha, 68 mil 300 tuits y soy consciente que muchos de ellos no han sido del agrado de funcionarios y demás políticos, algunos de los cuales, eso sí, han decidido dejar de seguirme aunque he confirmado que por otros canales están al pendiente de mis textos. Y muchos más, sin embargo, se han mantenido como mis seguidores aunque se resisten a hacer comentario alguno por mis opiniones.

En ese sentido, aclaro que yo tampoco he bloqueado cuentas reales, de personas que efectivamente son de carne y hueso, y que han emitido opiniones contrarias a mi postura, que se han manifestado abiertamente en contra de lo que escribo y que no se detienen para refutarme, contradecirme o desmentir lo por mí escrito. Entiendo que esta red social es de ida y vuelta, que es algo así como “el que se lleva se aguanta”. Y así lo entiendo.

Sin embargo, no son pocos los colegas u otras personas no necesariamente periodistas que si han sido bloqueados por funcionarios públicos o políticos quienes demuestran tener la piel muy delgada para ciertos comentarios que no son de su agrado. Estoy de acuerdo en que puedan bloquear a quienes se dirigen de manera majadera y quizás hasta irrespetuosa, con comentarios que no son otras cosas que desahogos de sus frustraciones, limitaciones o

Por lo primero, es que tiene una gran trascendencia la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena y obliga al Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler ha desbloquear de su cuenta en Twitter al periodista Miguel León, por considerar que “el bloqueo corresponde a un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información”.

La Segunda Sala de la SCJN, señala el comunicado emitido al respecto, “observa que los contenidos compartidos en la cuenta de Twitter del fiscal tienen relevancia pública y es información de interés general. Esto debido a que fue el propio funcionario quien voluntariamente utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal. Al hacerlo, colocó a su cuenta de Twitter en una posición de escrutinio público”.

¿Cuántos periodistas y personas en Jalisco se encuentran en la posición del periodista veracruzano Miguel León frente a funcionarios públicos como el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, por haber sido bloqueados en sus cuentas de Twitter sin mayor motivo que emitir opiniones que fueron incómodas para el funcionario?

La decisión de la Segunda Sala de la Corte sin duda incomodará o incomoda a muchos de los actuales funcionarios públicos estatales y municipales, comenzando por el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez y los alcaldes metropolitanos o legisladores federales y estatales, así como miembros de los gabinetes estatal y municipales, porque a fin de evitar que les llame la atención la Suprema Corte tendrán que desbloquear, por iniciativa propia, a todos los tuiteros que tienen bloqueados porque no les gustaron sus comentarios. Y claro que no podrán alegar que sus cuentas son personales cuando, como el fiscal veracruzano, compartieron en ellas información sobre su cargo público.

Así, pues, esperemos que en el ámbito público se registre una tormenta de desbloqueos en Twitter antes de que veamos una lluvia de denuncias en contra de funcionarios de piel delgada y sensible.

Al tiempo.