En  cuanta oportunidad tenemos de entrevistar o platicar con los futuros integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura 60, la primera pregunta que les planteamos es:
¿Qué van a hacer con los responsables de la crisis financiera-administrativa en el Congreso del Estado? O la siguiente: ¿Van a actuar en contra de los responsables de la crisis que padece el Congreso del Estado?
Palabras más palabras menos, en este tenor es la “metralla” de cuestionamientos que reciben Miguel Castro (PRI), Gildardo Guerrero (PAN), Enrique Velázquez (PRD) y Clemente Castañeda (PMC), y ellos mismos se han pronunciado porque se ponga nombre y apellidos a los culpables de dicha crisis.
Pero independientemente de confirmar si la próxima Junta de Coordinación Política se atreve o no a actuar contra sus antecesores, creo que el cuestionamiento referido líneas arriba debe de extenderse a los dirigentes de sus respectivos partidos políticos.
Hablamos de Eduardo Almaguer, del PRI; Miguel Ángel Monraz, del PAN e integrante de la tan cuestionada y criticada Legislatura 59; Juan Carlos Guerrero, del PRD; y Enrique Aubry, del Verde Ecologista y miembro también de la agonizante Legislatura referida.
Por supuesto que resulta bastante difícil esperar que aquellos partidos políticos cuyos dirigentes forman parte de la Legislatura 59 que hoy tiene sin sueldo a un buen número de trabajadores, puedan actuar en contra de sus integrantes de la misma, cuando menos por haber incurrido en el pecado de omisión.
Sí, es más que un “sueño guajiro” creer que Monraz o Aubry llamarán a cuentas a sus correligionarios diputados para que expliquen ante su Comité Estatal o su Consejo Político –o lo que corresponda- su responsabilidad en esta crisis legislativa, pues más bien deberían de ser ellos quienes le den una explicación a su militancia, por ser parte de la Legislatura “en capilla”.
Pero, ¿se atreverán Almaguer y Guerrero a exigir una explicación a sus diputados sobre lo sucedido con los recursos económicos del Congreso,  que ya no alcanzaron para pagarle a todos sus empleados desde hace ya varias quincenas?
Las dirigencias de los cuatro partidos políticos representados en el Congreso del Estado ¿tendrán el temple y las agallas para sancionar políticamente a sus diputados responsables de tener en su peor crisis al Poder Legislativo de Jalisco?
¿O no habrá quién sancione a los responsables?
La verdad que se antoja difícil que los próximos coordinadores de las bancadas legislativas se atrevan a dar el primer paso para eso, pues ya cuentan que uno de los actuales coordinadores legislativos les sentenció: “Como me ves… te verás”.
Y si el temor de los futuros integrantes de la Junta de Coordinación Política es esa, ¿qué impide a las dirigencias estatales de los partidos políticos sancionar políticamente –no se puede de otra manera- a sus correligionarios?
¡Hombre! El mal trabajo de un servidor público de elección popular o de designación, militante éste último de algún partido político, afecta negativamente la imagen de éste. ¿No es eso motivo suficiente para una sanción?
Pero quizás primero habría que preguntarnos: ¿Qué escala de sanciones tiene en sus estatutos un partido político, bajo qué causales y en qué consisten dichas sanciones?
No recuerdo haber leído en estatuto alguno, sanción para aquellos militantes que, ocupando un cargo público, afecten negativamente con su actuación la imagen y fama del partido político.
No, no la hay. Pero creo que ante la experiencia que han dejado las tres últimas Legislaturas no estaría mal que vayan trabajando para incluirla en sus estatutos.
Bueno, finalmente… soñar no cuesta nada.