Resulta increíble -otros dirían patético- que el Congreso del Estado se haya visto obligado a cancelar hoy dose sesiones del pleno; una  solemne para conmemorar un aniversario más de la abolición de la esclavitud, y la otra ordinaria, todo por que nuestros diputados ignoran lo que establecen nuestras leyes.
Y eso que fueron elector para crearlas o reformarlas.
Como en su momento sus antecesores, que pretendieron arreglar los desperfectos heredados ignorando la ley y encargando por fuera una auditoría sin sustento legal con cuyo resultado ya no supieron qué hacer después, hoy los legisladores de la 60 Legislatura pretenden también resolver las presuntas irregularidades que les dejaron, pasándose la ley “por el arco del triunfo”.
Sólo que en esta ocasión la situación es más seria, pues los afectados no son los mismos diputados sino los empleados del Congreso del Estado que no obstante que ya devengaron un salario, los “inmaculados” diputados se niegan a cumplir con el deber y obligación que tiene todo patrón y se niegan a saldar un adeudo para con 204 empleados basificados.
El problema de los legisladores es que ellos creen que las basificaciones fueron ilegales y que, por tanto, sin importarles que independientemente de su status estos empleados ya cubrieron con su trabajo el sueldo que se les debe, “por sus pistolas” se niegan a pagarles.
Ayer en un comunicado de prensa, el diputado Guillermo Martínez Mora hacía ver la aberración en que incurrían sus compañeros al negarse a pagar un salario obligado, y hacía referencia a dos artículos constitucionales que los miembros de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Administración, incluyendo a la Secretaría General y a la Dirección Jurídica, ignoran:
El artículo cinco constitucional que establece que “nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial…”, y el 123, fracción sexta, que señala: “Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes…”.
Y la razón que alegan nuestros ignorantes diputados para no pagarles a los 204 empleados basificados no está prevista en la ley.
Pero no sólo eso, sino que como lo he reiterado aquí en Marcatextos: no hay ilegalidad alguna en las basificaciones hoy cuestionadas, pues se ha reiterado hasta la saciedad que los tres años y medio de antiguedad que los legisladores alegan no se cubrieron, no es requisito para lograr la base, y sin duda la autoridad laboral así se los señalará.
Así es que, como lo vengo señalando: La 60 Legislatura ya entró a la espiral de la ignorancia e incapacidad que se les acusa a sus antecesoras.