La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró a Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, y concluyó que el funcionario no enfrentó conflicto de interés por no haber reportado en su declaración de bienes las propiedades de su pareja sentimental, con la que no está casado, ni de sus hijos que ya son mayores de edad.

Tres meses se llevó la investigación de 33 denuncias ciudadanas -14 de ellas anónimas-, que acusaban a Bartlett de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, y que surgieron a raiz de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló que el ex gobernador de Puebla y su familia amasaron un “imperio inmobiliario” de 23 casas de lujo en zonas residenciales y que su fortuna es 16 veces mayor a los 51 millones de pesos que declaró tener y los 11 millones de ingresos mensuales reportados.

La Secretaría de la Función Pública concluyó: Manuel Bartlett es inocente.

A la par de esta investigación, han transcurrido casi seis meses de que la SFP abrió una investigación en contra de Carlos Lomelí Bolaños por un presunto conflicto de interés, y poco más de cinco meses de que éste renunció o se separó como delegado de los programas sociales del gobierno federal en Jalisco -“superdelegado”, le llaman-, y es fecha de que no se sabe cuándo se conocerá el dictamen final ni mucho menos en qué sentido será su resolución, si culpable o inocente.

Hasta el momento, como resultado de una parte de dicha investigación, las empresas Lomedic, SA de CV y Laboratorios Solfran fueron inhabilitadas por dos años seis meses, pero hasta el momento Carlos Lomelí, en lo personal, no ha sido exonerado ni declarado culpable.

¿Por qué si la investigación contra Lomelí tiene más tiempo abierta, fue primero resuelta la que se efectuó en contra de Bartlett? ¿Era, acaso, interés del presidente López Obrador que se exonerara lo más pronto posible a uno de sus más cercanos colaboradores y a quien presentó como orador en el tema de la lucha contra la corrupción? ¿Será, acaso, que Andrés Manuel no tiene interés en el caso de Lomelí Bolaños y deja los tiempos de acuerdo a la agenda de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros?

El caso contra Bartlett lo destapó Carlos Loret, periodista crítico de López Obrador y de su gobierno, en tanto que el asunto contra Lomelí lo reveló un trabajo periodístico de Mexicanos contra la Corrupción, organización identificada también como antilópezobradorista. ¿Será, entonces, que la resolución a favor del director general de la CFE es el preámbuilo de lo que pudiera venir para el ex candidato de Morena a la gubernatura? ¿O para el presidente Andrés Manuel son dos casos distintos y le urgía dejar a Bartlett libre de toda sospecha y señalamientos en su contra?

La SFP argumentó que sólo tiene atribuciones para sancionar a Bartlett si incurrierra en alguna ilegalidad a partir de que es funcionario del actual gobierno; ¿será entonces el criterio que utilice en el caso de Carlos Lomelí? Porque mientras la SFP asegura que las empresas farmacéuticas que se achacan son propiedad del ex superdelegado se vieron beneficiadas por diversos estados del país como proveedoras de medicamentos, el empresario jalisciense asegura que desde antes de asumir el cargo en Jalisco se separó de todas sus empresas. ¿Entonces? ¿La Función Pública actuará con el mismo razero que con Bartlett? Si es cierto que, como asegura Lomelí, él ya no tenía injerencia en las empresas, entonces ¿quedará exonerado de cualquiera de las acusaciones en su contra o el criterio será diferente y puede resultar culpable y, por lo tanto, ser sancionado de manera severa?

Bartlett les recomendó a los reporteros que buscaban conocer el resultado de la investigación en su contra que “no coman ansias”; ¿será, acaso, la misma recomendación que desde el gobierno federal hagan en el caso de Carlos Lomelí Bolaños?

Al tiempo.