Julio César Hernández
¿Cuántos diputados del PAN que exigen que el auditor superior, Alonso Godoy Pelayo, debe dejar su cargo lo hacen con conocimiento de causa y cuántos como simples “borregos” enarbolando la bandera de la honestidad y la moralidad en el Poder Legislativo que no exigen en la Legislatura de la que forman parte?
De acuerdo a un diario local, Ricardo García, Abelardo Lara, Margarita Licea y Nicolás Morales piden el cese del Auditor. Isaías Cortés, Martín Covarrubias, Francisco Torres, Miguel Ángel Monraz y Ramón Demetrio Guerrero, piden se le investigue; Alfredo Argüelles, José Antonio de la Torre, Gustavo Macías y Claudia Rodróguez, no quisieron contestar; a Juan Pablo Cerrillos y a Abraham González no se les pudo consultar; en tanto Héctor Álvarez es el único diputado panista que sin dudar se pronuncia porque el Auditor se mantenga en su cargo.
¿Y qué dice el coordinador de la fracción del PAN, José María Martínez Martínez? Él dice que se investigue.
Sin embargo, se le olvida -¿o finge olvidarlo?- que él fue uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura que aprobó y firmó el Acuerdo Interno para que se le pagara al auditor Alonso Godoy Pelayo -y otros trabajadores más-todas las prestaciones que se le adeudaban y que hoy se le recriminan.
Con fecha del 14 de diciembre de 2006, su firma aparece en el Acuerdo Interno que signaron también los entonces diputados Salvador Cosío Gaona, presidente; Enrique García Hernández, del PRI; Luis Alejandro Rodríguez, del PVEM; así como los entonces integrantes de la Comisión de Administración, Ana Elia Paredes Arciga, presidenta; Salvador Cosío Gaona, vocal por el PRD; Hortencia Noroña, vocal por el PRI; y Luis Alejandro Rodríguez, vocal por el PVEM.
Luego de una serie de consideraciones, en las que se reconoce que a algunos trabajadores no se les cubrió prestaciones que por ley les corresponden, “se determina cubrir las prestaciones a que tienen derecho”, dice el Acuerdo Interno que concluye:
“Se instruye al Secretario General, ejecutar el presente acuerdo para que inicie el proceso de cubrir los montos a todos los servidores públicos que su estatus encuadren en los supuestos que el presente acuerdo refiere; y se pague totalmente cuando concluya o esté por concluir su relación laboral con el Poder Legislativo del Estado”.