El 27 de octubre del año pasado, desde la tradicional “mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los gobernadores de la Alianza Federalista -que amenazaron con salirse del Pacto Fiscal si la federación no les otorgaba más recursos en el presupuesto 2021-, a que consultaran a sus gobernados si estaban de acuerdo o no con romper lo que legal y jurídicamente es un acuerdo de coordinación fiscal, amenaza que dijo tenía tintes electorales.

Ese mismo día, antes de presidir un evento ganadero, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez fue cuestionado al respecto por los reporteros, y esto fue lo que respondió:

“Tengo una propuesta muy concreta, respetuosa, para el presidente de México: En Jalisco le tomamos la palabra; en Jalisco vamos a iniciar, a partir de este momento, la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación (…). El presidente dice que hay que preguntarle a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta, y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos en mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación, y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy…”.

Luego, al preguntarle cuándo iniciaría dicha consulta, dijo: “Voy a reunirme con el equipo jurídico para saber los pasos que tenemos que seguir. Pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición tenga el respaldo ciudadano, le tomamos la palabra (…). Confío en que el pueblo de Jalisco va a levantar la voz y le va a decir a la federación: ya basta de tanto abuso”.

De entonces a la fecha han transcurrido ocho meses y todo indica que aquello de que “le tomamos la palabra al presidente” se quedará en un mero show y espectáculo mediático como los que acostumbra montar López Obrador en sus “mañaneras”, eso sí, con un costo millonario a cuenta de los propios jaliscienses, pues se reculó y ya no se le preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o no en que Jalisco “permanezca en esta relación abusiva con la federación”, sino la pregunta irá en el sentido de si están de acuerdo en que cada seis años se revise el pacto fiscal, aunque en realidad los responsables de la consulta no saben aún ni qué preguntar exactamente.

En octubre, Alfaro aseguró que “le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la que Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes…”. Ayer, acompañado del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, el mismo Alfaro cambió aquel discurso, lo matizó y hasta se le olvidó que había decidido tomarle la palabra al presidente López Obrador, pues ahora ya dijo que son otros los motivos y razones para aplicar la famosa consulta.

Dijo: “Queremos dejar en claro los dos estados que no es nuestro ánimo romper el pacto fiscal, que queremos revisarlo y queremos corregirlo (…). La consulta pública no será para si seguimos o no dentro del pacto fiscal, sino para saber si están de acuerdo o no con el trato presupuestal que la federación da a la entidad (…). El mensaje que queremos dejar en claro (…) es que el ánimo con el que vamos en este proceso no es de ruptura, no nos interesa confrontarnos con la federación; vamos a buscar el diálogo y vamos a buscar que la revisión del pacto fiscal se pueda dar en un ejercicio de respeto y cooperación…”.

Por supuesto que celebramos y apoyamos que el gobierno del Estado exija y logre un trato más justo entre lo que envía a la federación y lo que ésta le regresa, pero de eso a montar un espectáculo que tendrá un costo millonario y nulo beneficio para los jaliscienses, considero que no tiene razón de ser.

La realización de esta consulta para saber si los jaliscienses están de acuerdo o no con el trato presupuestal que la federación le da al estado -que es tanto como preguntarles si están de acuerdo o no en que se aumenten los impuestos- (la respuesta es más que obvia), es igual que la consulta que el gobierno federal realizará para que los mexicanos digan si se debe sancionar o no a los ex presidentes.

¿Qué necesidad hay de despilfarrar millones de pesos en una consulta cuya respuesta ya todos conocemos, y cuando se puede exigir lo mismo mediante otros mecanismos que si bien no permiten el exhibicionismo mediático, podría tener mejores resultados?

Incluso, todo parece indicar que ya no es necesario que “el pueblo de Jalisco” (…) “levante la voz” y le diga a la federación “ya basta de tanto abuso”, pues el objetivo de dicha consulta tomó otra ruta.