No sé qué tan confiable sea que el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción se involucre en la investigación o más bien en la simple revisión de la ilegal y amañada licitación para el arrendamiento de unidades para la Comisaría de Guadalajara realizada por el Ayuntamiento tapatío, pues en no pocas de sus intervenciones en otros casos o en la selección de candidatos a cierto cargos ha dejado mucho que desear e, incluso, colocado en entredicho su imparcialidad.

De entrada uno de sus integrantes, David Gómez Álvarez, mantiene una estrecha relación de amistad con el presidente municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, responsable de todo el proceso de licitación, y eso abre la desconfianza de que pueda llevar a cabo una revisión desinteresada. No critico ni condeno dicha amistad, eso es un asunto personal y en eso no me meto, pero para este caso resulta cuestionable. Ignoro si suceda lo mismo con el resto de quienes forman parte de este organismo.

Por lo pronto, de acuerdo a lo publicado en el diario NTR Guadalajara, el presidente del CPS, Jesús Ibarra Cárdenas, señaló que “vamos a revisar con detalle el proceso de licitación. Si hubiera algún responsable, también vamos a evaluar cómo se lleva el procedimiento de esa responsabilidad administrativa”. Y luego agregó: “Si encontramos alguna falla o lo que fuere, recomendaremos algo para que no se repita o para que se corrija eventualmente”.

Refirió que el análisis del CPS se enfocará a revisar el proceso de compra y sugerir mejoras en cuanto a transparencia, claridad y testigos sociales.

Ibarra Cárdenas reveló que desde diciembre solicitaron información respecto a esta licitación como parte de un procedimiento interno que llaman “Seguimiento a presuntos hechos de corrupción”, a través del cual detectan casos en este tenor en los medios de comunicación, aunque algunos les llegan directamente, publicó el matutino local.

En este punto pregunto: ¿Acuden directamente a quienes denuncian presuntos actos de corrupción a través de los medios de comunicación? Por ejemplo en este caso, ¿acudieron a recabar información directamente a la fuente original de la denuncia de sobre precio publicada en los medios, como es la bancada edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara? ¿Ya se entrevistaron o solicitaron información al coordinador Carlos Lomelí Bolaños? ¿O a raíz de la denuncia hecha por Lomelí y demás regidores y publicada en los medios, el CPS solicitó información al respecto únicamente al Ayuntamiento tapatío, ignorando a la fuente original de la denuncia? Si no hicieron lo primero y solamente lo segundo, entonces ya empezó mal y su investigación dejaría mucho qué desear, sería parcial y serviría únicamente para legitimar un proceso mal hecho.

Pero la revisión del CPS quedará inconclusa y servirá para lo mismo que la “carabina de Ambrosio” si únicamente se dedican a “revisar con detalle el proceso de licitación” y no investigan sobre la legalidad o ilegalidad de origen de dicha licitación que tiene que ver con una presunta falsificación de documentos que ya está en manos de la Fiscalía General del Estado a denuncia de la parte quejosa. O sea, gracias a ese presunto documento falso el Ayuntamiento de Guadalajara realizó una licitación que es ilegal. Pero no sólo eso, esa licitación que pretende revisar el CPS se llevó a cabo violando una suspensión provisional y luego definitiva que un Tribunal emitió en el marco de la ley y que Lemus Navarro y su gobierno ignoraron y violaron, y sobre la que ahora se dedica a crear “cortinas de humo”.

Ahí esté el famoso Expediente 4524/2021 del Tribunal de Justicia Administrativa que debe de revisar el Comité de Participación Social si realmente tiene la voluntad de investigar a fondo este caso. Si lo hace, se irán “de espaldas” y descubrirán el “cochinero” que se hizo para permitir que se efectuara -ilegalmente- esta licitación a la que ahora pretenden “revisar” cosméticamente.

Los integrantes del CPS deben de investigar el trabajo y la conducta que en este caso tuvo uno de los magistrados de la Sala Superior, cuyo nombramiento -al igual que el de los otro dos que la complementan-, ellos avalaron. ¿Se atreverán a investigar al magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez? ¿Se atreverán a entrevistarse con el magistrado Armando García Estrada, titular de la Cuarta Sala Unitaria del TJA para conocer de fondo el todo de esta licitación? ¿O terminarán llevando a cabo una revisión cosmética para legitimar un caso, una licitación, que de origen es ilegal?

Así, pues, si los integrantes del Comité de Participación Social no investigan de fondo el caso y con toda la seriedad que amerita, si no se entrevistan personalmente con el regidor Carlos Lomelí, fuente directa de la denuncia del arrendamiento a sobreprecio, publicada en los medios, y sólo se quedan con el informe que le rinda el Ayuntamiento; si no investigan la actuación del magistrado José Ramón Jiménez en este asunto y cómo es que atrajo el caso y negó una suspensión sin tener en su poder la documentación requerida por ley; y si no se entrevistan personalmente con el magistrado Armando García para confirmar el proceder irregular de la Sala Superior, entonces su actuación será simplemente de parapeto a favor del Ayuntamiento de Guadalajara y serán protagonistas, unos más, del show montado por el munícipe Lemus Navarro en una de las tantas “pistas” que ha dispuesto para sus cómplices. Y habrán “picado el anzuelo” para no conocer a fondo el famoso Expediente 4524/2021.

De entrada, va mi desconfianza para la actuación de los cinco integrantes del Comité de Participación Social en este asunto. Ojalá y me equivoque, que sería lo mejor, pero creo que estaré en lo cierto.

Al tiempo…