En su comunicado del pasado 08 de junio, el gobierno del Estado anunció:
“Con el fin de garantizar una objetiva, veraz, cierta y oportuna información a la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de junio durante las manifestaciones en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado el ejecutivo llevó a cabo la instalación de la Mesa Interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos”.
Aunque se ignora el futuro de esta mesa luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) decidió atraer la investigación, su integración quedó de la siguiente manera con: Gerardo Ignacio de la Cruz, titular de la Fiscalía Anticorrupción; Alfonso Barrón Hernández, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Pablo Salcedo González, empresario inmobiliario y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad; Enrique Ibarra Pedroza, secretario general de Gobierno; Candelaria de la Cruz, titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía; y Yolanda López, directora de Visitaduría de la Fiscalía del Estado.
¿Deveras esta mesa garantiza objetividad y veracidad en su información, cuando todo parece indicar que le faltan tres patas imparciales porque la única que tiene abre sospechas de parcialidad porque quienes la integran han sido cuestionados en su labor frente a actos del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez y otros son muy allegados al gobierno?
De entrada, en esa mesa hay tres entes oficiales del gobierno, por mucho que en el discurso se nos quiera convencer de que la Fiscalía General es “autónoma” y no obedece dictados del gobierno alfarista. Y ahí están la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría Interna y la Dirección de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado.
Los otros tres integrantes tienen sus “asegunes”. Para empezar, la Fiscalía Anticorrupción ha sido una decepción, ha dejado mucho qué desear, porque hasta la fecha su trabajo es intrascendente, sin resultados en la lucha contra la corrupción, omiso en casos tan evidentes como #ATodaMaquina y otros más, y “oídos sordos” al clamor ciudadano de cumplir con su tarea.
Por otro lado, el Consejo Ciudadano de Seguridad prácticamente ha sido un testigo silente de la grave inseguridad que azota a Jalisco y su zona metropolitana particularmente. Y es que su titular, Pablo Salcedo González, tiene un papel muy incómodo qué jugar frente al fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, toda vez que es uno de los empresarios integrantes del grupo 22 de Abril, creado en tiempos del gobernador Alberto Cárdenas, que promovió su llegada a la entonces Procuraduría General del Estado.
Salcedo González es un empresario inmobiliario -la obsesión alfarista por integrar a este ramo en sus mesas- que asumió la presidencia del Consejo en abril del 2017, durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, y quien luego de una reunión con diputados el 05 de septiembre de aquel año, cuestionado por la falta de una postura crítica ante la inseguridad de aquellos tiempos, declaró a los reporteros: “Nuestra misión no es pedir que rueden cabezas de funcionarios”.
Fue de los empresarios que estuvieron en primera fila cuando en campaña a la gubernatura Alfaro Ramírez presentó su “propuesta para restaurar el orden para garantizar seguridad con justicia” y ya lo acompañaba en el presidium a su derecha el hoy coordinador de Seguridad Pública, Macedonio Tamez Guajardo.
Gerardo Octavio Solís siempre ha contado con el apoyo empresarial jalisciense al que ha apoyado en materia de seguridad. Incluso, se recuerda que fueron empresarios los que lo propusieron para integrarse a la entonces Secretaría de Vialidad con otro empresario como titular, Leopoldo Montelongo, ex presidente de la Cámara de la Construcción, para después de ahí brincar a la Procuraduría del Estado impulsado por este grupo 22 de Abril.
Así, pues, con este panorama de parcialidad y sospechosismo que ronda a esta “Mesa Interinstitucional para el Esclarecimiento de los Hechos del 05 de Junio”, y que va que “vuela” para jugar el mismo triste papel de la Mesa de Reactivación Económica, más valdría que ante la intervención de la FGR se desintegre y no se trate con ella de “tomarle el pelo” nuevamente a los jaliscienses.
Por el bien de Jalisco, de los jaliscienses y del propio Gobierno del Estado, deben de hacerlo.
Al tiempo…
