El lamentable caso de la joven Debhani Escobar sucedido en Nuevo León y que colocó en “jaque” al mandatario Samuel García Sepúlveda, puso muy nerviosos y sensibles a los mandatarios de las entidades con altos índices en la desaparición y agresión de personas, particularmente mujeres, como es el caso de Jalisco, donde ya se han registrado desapariciones de jovencitas que posteriormente son encontradas sin vida, pero no han tenido el eco mediático como el caso del estado norteño.

Los gobernadores no quieren que se les “mueva el avispero” por temor a un suceso similar que traspase no sólo las fronteras de su estado sino las del país, como el caso de Debhani. Ya de por sí Jalisco es noticia por el número de desaparecidos y por la gran cantidad de fosas clandestinas donde se han encontrado restos humanos, varias de ellas por los colectivos de familiares y desaparecidos que han venido a hacer la tarea que le corresponde a la autoridad.

Y ese nerviosismo de las autoridades ante el tema de los desaparecidos quedó de manifiesto ayer con la marcha y visita que hizo el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara y directores de preparatorias y secundarias, todos encabezados por el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, a Palacio de Gobierno, donde su investidura fue ignorada y menospreciada al no ser atendidos por el gobernador Alfaro Ramírez ni por el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, quienes enviaron a funcionarios menores a recibir sus peticiones.

En enero de 2015, Ibarra Pedroza manifestaba a través de su cuenta en Twitter su preocupación por la cantidad de desaparecidos. Escribió: “Cufras (sic) de horror y dolor: 23,603 desaparecidos en México, Jalisco 2o, con 2 mil 139. Datos oficiales, del gobierno federal”.

Pese a entender la gravedad, horror y dolor del problema, decidió no atender al Consejo de Rectores de la UdeG, entendido en el conflicto abierto entre el gobierno del Estado y la universidad estatal.

Tres años después -abril de 2018-, en la misma red social el gobernador Alfaro recriminaba al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval el ambiente de inseguridad reinante en el estado. Escribió dos tuits: “Jalisco se ha convertido en referente nacional por asesinatos de activistas y políticos, y recientemente de personas. En estas condiciones no se puede hablar de normalidad democrática, en estas condiciones no podemos hablar de un proceso electoral libre”, decía en uno.

Y luego añadió otro: “Señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino, en materia de seguridad y procuración de justicia, su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo”.

Sin utilizar un lenguaje tan rudo, cuidando las formas e investidura del Mandatario estatal, los universitarios entregaron ayer un documento en Palacio de Gobierno donde le solicitan “frenar la ola de violencia que golpea a la comunidad universitaria”, y cuentan que “en apenas dos días de regreso a clases, nuestra comunidad estudiantil está denunciando que hay personas acechando en diferentes centros de estudio, y tenemos 4 casos reportados de tentativas de agresiones directas que habrían implicado privación ilegal de la libertad”.

Y revelan un caso grave: “ayer martes 26 de abril, se llevaron por la fuerza a una alumna de la Preparatoria 11 y sufrió abuso sexual por varios sujetos… “. Ante estos casos, le recuerdan que “la primera obligación del estado, y por lo tanto de las autoridades, es garantizar seguridad a las y los ciudadanos. No exigimos de parte de la autoridad estatal y de las autoridades municipales más que eso: que cumplan con sus obligaciones constitucionales”.

Las propias autoridades estatales y municipales lo han dicho: el combate a la inseguridad pública sólo es posible si hay coordinación entre gobierno y sociedad. Pero, ¿cómo puede darse ese diálogo, ese entendimiento, esa coordinación para atender un grave y agudo problema de inseguridad que padece la comunidad universitaria si se anteponen las diferencias personales del titular del Ejecutivo en contra de la máxima Casa de Estudios? ¿Cómo enfrentar esta amenaza que persigue al estudiantado si la autoridad estatal se niega a recibir, atender, dialogar y establecer estrategias con las autoridades universitarias?

Ojalá y frente a este grave problema de las desapariciones y agresiones contra las mujeres que tienen colocado a Jalisco en los primeros lugares a nivel nacional, se imponga la prudencia, la apertura, el diálogo, y se dejen a un lado las diferencias personales y los pleitos partidistas, y que se entienda que sólo juntos se puede combatir a la delincuencia y a quienes acechan y agreden no sólo a las jóvenes universitarias sino a los jaliscienses en general.

Y ojalá y suceda antes de que lamentemos un hecho similar o peor al registrado en Nuevo León con Debhani Escobar, que hoy tiene nerviosos y sensibles a los gobernantes.

Al tiempo…