Luego de que se diera a conocer que 17 ex funcionarios públicos que reciben una pensión mayor a los 100 mil pesos mensuales obtuvieron una suspensión provisional a su solicitud de amparo contra este medida emprendida por el gobierno del Estado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, cuestionado al respecto, se pronunció de la siguiente maneta:

“Son unos desvergonzados, son personajes que verdaderamente no entienden la circunstancia en la que se encuentra Pensiones del Estado. Pero como lo dijimos, se va a combatir jurídicamente (…), se va a informar, como dijimos, quiénes son los cínicos que están lucrando de esa manera con el dinero de todos los trabajadores al servicio del Estado (…). Vamos a dar la batalla. Espero que la justicia impere y que se entienda que el fondo de Pensiones de todos los trabajadores del Estado no puede seguir sosteniendo pensiones de ese tamaño. Gente que ha aprovechado los vacíos legales para lucrar con pensiones que no respondan a los principios de austeridad que deben de privar en el sector público. El lunes el director de Pensiones va a explicarles a los medios de comunicación quiénes son los cínicos que andan en esa ruta de los amparos…”.

“Cortado” con la misma tijera que el presidente Andrés Manuel López Obrador para casos como éste, para el gobernador Alfaro Ramírez quienes recurren a las instancias legales, a los instrumentos jurídicos que la Constitución Federal y demás leyes les proporcionan y establecen para su defensa ante lo que consideran un atropello de la autoridad, son sujetos y dignos a la condena, a la descalificación, a ser llamados “cínicos” y “desvergonzados”, a colocarlos en el centro de la plaza para ser “quemados” en la hoguera o “linchados” por una multitud enardecida a la que se le miente, se le engaña, se le manipula y se le malinforma.

¿Es “cínico” y “desvergonzado” el ciudadano que recurre a las instancias legales y a la ley para defenderse de los abusos de los gobernantes? ¿Así se referirá a ellos el director de Pensiones, Héctor Pizano Ramos, hoy lunes que cumpla con la instrucción de Alfaro Ramírez de “explicarles a los medios de comunicación quiénes son los cínicos que andan en esa ruta de los amparos”? ¿Cuál es la intención del gobernador Alfaro de enviar a Pizano Ramos a mencionar el nombre de los ex funcionarios públicos que recurrieron al amparo de la ley, si dichos nombres ya fueron revelados días atrás por el periódico Mural?

Los ex funcionarios que obtuvieron la suspensión provisional son: el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña; el ex secretario de Educación, Eugenio Ruiz Orozco; los ex magistrados Ramón Soltero Guzmán, José de Jesús Angulo Aguirre, Hugo Olveda Colunga, Carlos Raúl Acosta Cordero, Ernesto Chavolla Cervantes, Guillermo Guerrero Franco, Luis Ernesto Camacho, Austreberto Andrade y Patricia Campos González; el ex secretario de Vialidad, Manuel Verdín Díaz; el ex diputado José Socorro Velázquez; el ex regidor Isidoro Gallardo Flores; el ex senador Jesús Casillas Romero; y la ex regidora Andrea Margarita Márquez.

¿Qué tienen de condenable que estos ex funcionarios y otros cuyos nombres no aparecen en esta lista, recurran a defenderse con la ley en la mano y ante las instancias legales creadas precisamente para impartir justicia? Si la razón les asiste, dichas instancias resolverán a su favor. Si, por el contrario, no tienen razón, la resolución será en su contra. Y así, según el resultado, recurrirán a cuantas instancias haya hasta en tango se agoten y haya una resolución final e inapelable.

Si todos estos exfuncionarios -y otros más no anotados aquí-, ya obtuvieron una suspensión provisional, es porque a consideración del juzgador les asiste parcialmente la razón. ¿O es que estos juzgadores son “cínicos” y “desvergonzados” por concederles la protección de la justicia en tanto se resuelve el asunto de fondo?

El gobernador Enrique Alfaro fue diputado en la 58 Legislatura y nunca planteó reformar este tema de las pensiones llamadas “doradas”, que bien pudo hacerlo para que desde entonces se hubiese regulado el monto en las pensiones por venir, no en las ya aplicadas. Su partido, Movimiento Ciudadano, tuvo mayoría en el Congreso en las dos anteriores Legislaturas y tampoco abordaron este tema para poner freno a tan altos montos que se tenían que pagar de quienes se iban a jubilar. Hoy que “el agua les llego a los aparejos”, recurren a la fórmula fácil y mediáticamente vendible de señalar “chivos expiatorios”.

Por supuesto que no se trata de defender a quienes reciben como pensión un monto que quizás no se merecen, pero si para obtenerlas recurrieron a trampas, a violentar la ley y a otros recursos ilegales, y son demostrables y comprobables, entonces que el Ejecutivo actúe en consecuencia. Pero, ¿por qué además de esto, no revelan cómo se manejó y se han manejado los recursos de los trabajadores del Estado en inversiones y compras que han fracasado, y en las que se ha dilapidado esos recursos que son de esos trabajadores del Estado por los que ahora el Ejecutivo está muy preocupado? ¿Por qué mejor no informan en detalle de todo esto y, ahí sí, revelan y exhiben los nombres de los responsables, hasta hoy desconocidos?

Saben que el “barril sin fondo” no está en el monto que se paga por estas pensiones que llaman “doradas”.

¿Por qué no informan de las investigaciones que seguramente han hecho sobre los procesos de jubilación y sus resultados? ¿Será, acaso, porque no se ha encontrado nada irregular o, al menos, se carece de pruebas que lo demuestren? ¿Por qué no informan de las auditorías que se han realizado en casos que han sido causa del verdadero deterioro financiero del Instituto? ¿Dónde están los resultados de éstas auditorías y en qué casos se han realizado? ¿Por qué no informa de ello, de las auditorías y sus resultados la exdiputada local y expresidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Mirza Flores Gómez? ¿Dónde están estas auditorías, dónde están sus resultados y qué se hizo con ellos? Ahí está el “meollo del asunto” y de eso no quieren informar. ¿Será por qué ahí se encuentran los verdaderos “cínicos” y “desvergonzados”?

Sobre el Ipejal y su debacle financiero, hay mucho más de lo que debe de informar el gobierno del Estado a los jaliscienses, y particularmente a los trabajadores del Estado, que el repetir los nombres que ya conocemos de quienes se acogieron al amparo de la ley -como cualquier ciudadano puede hacerlo-, ante el presunto abuso de la autoridad.

¿O esto de las pensiones “doradas” y de quienes las reciben, no será una verdadera “cortina de humo” que levanta el gobierno alfarista para mantener ocultas las verdaderas razones de la crisis financiera que enfrenta el Instituto de Pensiones? Insisto: Que revelen el resultado de las auditorías, sin duda que ahí estarán las verdaderas causas de esta crisis y los nombres de los verdaderos “cínicos” y “desvergonzados” a los que hoy se busca encubrir.