El contralor ciudadano independiente Jorge Carlos Ruiz Romero se equivocó, cometió un error que le ha costado ser demandado por daño moral por la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, desde marzo pasado, luego de que públicamente la acusó de contravenir la Ley de Compras Gubernamentales y aseverar que fue sancionadas por presuntas ventas a sobreprecio.

La empresa califica los señalamientos de Ruiz Romero de falsas y van en su perjuicio, pues traen como resultado “rechazo y desprestigio en honor y buena reputacion” y, como consecuencia, podría no ser invitada a participar en convocatorias públicas para la prestación de los servicios que ofrece. Y es que, asegura, no existe sanción alguna en su contra por ninguna causa.

Valga subrayar que Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, SA de CV, es la empresa a la que la actual administración estatal, a través del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, que entonces encabezaba Consuelo Robles, le rescindió sin justificación alguna el contrato para la prestación de los servicios de pruebas de laboratorio y estudios de gabinete para adjudicárselo directamente a la empresa Intermet, SA de CV., la que durante varios meses habría utilizado el equipo y los insumos de GAP, cuando el contrato establecía que debería de prestar sus servicios con equipo nuevo e insumos propios.

La empresa GAP se defendió con un documento emitido por el Director General de Regiones Sanitarias del OPD Servicios de Salud, Dr. Emmanuel Hernández Vázquez, donde notifica que no existe incumplimiento alguno en los servicios que prestaba Distribuidora Química y Hospitalaria, entre otros argumentos más.

Sin embargo, al parecer Ruiz Romero no valoró el alcance de sus señalamientos y ahora, en un video que subió a redes sociales, asegura que esta demanda es parte de una “persecución política”, y que ya esperaba una reacción de esta naturaleza “por parte del gobierno y de las empresas que son afines a este gobierno que es corrupto”.

En rueda de prensa ayer, Jorge Carlos argumentó que el señalamiento en contra de GAP la hizo de acuerdo a declaraciones del Secretario de Salud (Fernando Petersen), sin que éste sea autoridad para sancionar, y que habían sido publicadas en diversos medios de comunicación, por lo que él basó en eso sus declaraciones sobre la empresa farmacéutica.

Y ahora, ante la denuncia en su contra, argumenta que “hay uso del Estado para la persecución a los que hacen oposición, a quien hace labor social”.

¿De veras la denuncia de GAP -empresa privada-, en su contra es una “persecución política”? ¿Es la intervención del Estado -en este caso del gobierno alfarista- en contra de quien hace denuncias sobre presuntos ilícitos o irregularidades de la administración pública? ¿Se puede hablar de coalición entre empresa y gobierno para ir en contra del denunciante, cuando la primera ha sido afectada por las decisiones del segundo?

La aseveración de Ruiz Romero sobre la existencia de una “persecución política” a través de una empresa privada es muy aventurada y otro error más, y eso lo lleva ahora a enfrentar un alto costo ante la defensa que hace GAP de su nombre, prestigio y fama pública, pues considera que el señalamiento en su contra la afecta para la futura prestación de sus servicios dentro y fuera del país, máxime cuando no hay prueba alguna para sostener dichos señalamientos.