En estos momentos el pleno del Congreso del estado deberá de estar llevando a cabo su sesión ordinaria -convocada para iniciar a las 12:00 hrs-, donde se abordarán dos temas que han sido motivo de polémica durante muchos meses, uno, y varias semanas, el otro.
Nos referimos, respecto al segundo, a la basificación de empleados ejecutada por la 59 Legislatura y que presuntamente, según algunos diputados, se hizo de manera irregular o ilegal. La Comisión Especial temporal integrada para revisar la herencia de la pasada Legislatura, habla de 209 basificaciones que no proceden.
En cuanto al primer caso, nos referimos a la resolución emitida por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo que concedió amparo a Héctor Romero Fierro contra la elección del Auditor Superior del estado realizada en 2009.
Respecto a las basificaciones, los actuales legisladores han alegado que su irregularidad o ilegalidad está en el hecho de que los trabajadores beneficiados con esta medida no cubrieron los tres años y medio que, según ello, establece la ley para hacerse merecedores de este beneficio, de ahí que deberían de ser anuladas 210 de las 219 basificaciones.
Pero quizás los legisladores y sus asesores legales, si es que los tienen, no han caído en la cuenta de que los tres años y medio de antigüedad que ellos alegan que no cumplieron los basificados no es un requisito de ley para obtener este beneficio; es un derecho que tiene el empleado y que puede reclamar al cumplir esos tres años y medio de laborar.
Esto es lo que los legisladores, sus “asesores” y algunos medios de comunicación que “cilindrean” a estos diputados, no han entendido.
Sobre el Caso del Auditor, los diputados han sido mal asesorados o han escuchado únicamente lo que ellos quieren y mediáticamente les conviene, porque ahora pretenden instruir a la Comisión de Vigilancia que reponga el proceso de elección del Auditor Superior, toda vez que Romero Fierro obtuvo el amparo.
Lo que no entienden o no quieren entender nuestros diputados es que la resolución del Juez nunca gira esa instrucción al Congreso ni a nadie. Simplemente ampara a Romero Fierro y, eso sí, señala que el Congreso y la Comisión de vigilancia dejen “insubsistente el acuerdo interno” de esta Comisión respecto a la elección del Auditor.
¿En qué parte de la resolución del Juez se ordena al Congreso reponer el proceso de elección? ¡En ninguna!
Y no lo hace porque hay otro recurso, ante una instancia superior, al que puede recurrir tanto el actual Auditor Superior del estado como el propio Congreso, que es reclamar que su elección estuvo bien hecha y presentar sus alegatos.
Todo parece indicar que los diputados no lo harán -¡vaya ignorancia!-, pero sí el Auditor Superior que aun cuenta con el plazo que establece la ley para hacerlo y que, por tanto, el Congreso no puede dar paso alguno hasta en tanto no se le ordene específicamente.
Lo que hagan hoy los diputados respecto a estos dos casos, demostrará su capacidad y conocimiento para respetar las leyes que ellos, ahora, están obligados a hacer o modificar.
En ambos casos, toparán con pared.