Por Julio César Hernández

Ayer el pleno del Congreso del Estado –con el acuerdo del coordinador de la fracción del PRI, Juan Carlos Castellanos, según reveló el panista Jorge Salinas Osornio-, removió a Javier Gamboa Béjar como director técnico de la Auditoría Superior del Estado.

Los atenuantes en contra del ex funcionario, según se dio a conocer, fue “falta de responsabilidades”, principalmente por ausentismo y haber chocado un vehículo propiedad de la Auditoria.

Creo que el que Jorge Salinas haya subrayado que la remoción de Gamboa Béjar fue con el acuerdo del coordinador priista, Castellanos González, fue para recordarnos que esos cargos se repartieron de acuerdo a las cuotas partidistas en el Congreso; o sea que esta dirección técnica “pertenece al PRI”.

Y por eso ahora se entiende que así como el entonces dirigente del PRI, Javier Galván Guerrero, impuso en aquella ocasión a Javier Gamboa en esa posición, hoy le correspondió al nuevo dirigente, Javier Guízar, imponer a uno de los suyos, de apellido Rodríguez, en sustitución del hoy despedido.

Sin embargo, resulta que el cese de Gamboa y el nuevo nombramiento de Rodríguez se realizó a la vieja usanza, pese a que ya está vigente una nueva Ley de Fiscalización que establece que los nombramientos de los directores corresponde hacerlos al titular de la Auditoría y ya no a los diputados como era anteriormente, y que les permitía repartirse estos espacios.

O sea que en una flagrante violación a la Ley por ellos mismos elaborada, los diputados nombraron al sucesor de Gamboa Béjar en los términos de una ley ya derogada y un reglamento que no es aplicable a la nueva legislación vigente y que tanta polémica generó, al grado de que en una primera instancia fue vetada por el titular del Ejecutivo.

¿Qué pueden alegar en este caso a su favor los diputados?

¿Por qué hacer ese movimiento tan rápido, precisamente el día en que vencía el plazo para el registro de candidatos a ser Auditor? ¿Por qué ese interés en relevar a Gamboa Béjar si ante su reiterativo ausentismo, no pasó nada en la Auditoría?

¿Por qué no aplicar el cese y esperar a la elección del nuevo Auditor –el día último de este mes- para que el relevo se hiciera con las nuevas reglas del juego?

¡Y luego los diputados se quejan porque se les critica!