Por Julio César Hernández
Más allá del “me vale madres”, todo parece indicar que cumplir cien días al frente del gobierno estatal le “inyectó” energías al gobernador Emilio González Márquez o, bien, decidió que pasado este plazo –que comúnmente sirve para analizar la forma de gobernar y el rumbo que tomará una administración-, era el tiempo de tomar buenas y firmes decisiones, como lo demostró al presentar sus propuestas de reforma a la Ley de Transparencia y anunciar una serie de medidas para evitar que sus funcionarios abusen de los viajes al extranjero.
Si estos cien primeros días sirvieron para eso, por supuesto que lo aplaudimos y esperamos que medidas, acciones o decisiones como las anteriores las siga tomando, emprendiendo o ejecutando.
Creo que ya era el momento de que el Jefe del Ejecutivo estatal pusiera orden en esto de los viajes que prácticamente sólo han servido para que los funcionarios públicos “vacacionen” a costa del erario público, so pretexto de que son con motivo de trabajo, pero que a final de cuentas no redundan en beneficio de la sociedad.
González Márquez señaló que de ahora en adelante los viajes deberán redituar al Estado, tener claridad en el objetivo y estar vinculados con los puntos estratégicos programados en el Plan Estatal de Desarrollo. Pero creo que fue claro y puntual cuando señaló: “Una cosa es poder realizar un viaje de trabajo y otra cosa es el agandalle; luego entonces, no hay permisos sin goce de sueldo ni de vacaciones en el ínter de un viaje”.
Todo parece indicar que, ahora sí, el Gobernador está decidido a meter orden en eso de los viajes “de trabajo” (así entrecomillas), que no eran otra cosa que verdaderas vacaciones con “todo pagado” de nuestros señores secretarios y comitiva, así como en algunas ocasiones hasta familiares.
Y la cosa va en serio si de los dichos se pasa a los hechos y de veras se evita que los secretarios y otros funcionarios viajen si no está confirmada la mayoría de los eventos programados. Pero es cierto que no sólo es cuestión de prever el viaje sino el resultado del
mismo, de ahí que aplaudimos el que se obligue a los “turistas”, perdón, a los funcionarios que presenten a su regreso una minuta de cada actividad, para evitar actos de “relleno” nada más para prolongar el viaje sin justificación.
Y también por fin se obligará a los funcionarios a dar un informe del viaje en un plazo máximo de cinco días después del regreso, así como publicar la información en internet para que la ciudadanía conozca quién viajó, a qué viajó y qué se logró con ese viaje.
No hay duda, pues, que en materia de transparencia, Emilio González ha cumplido… por ahora.
