Ayer de manera exclusiva, y apenas dos horas después de que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado recibió la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública 2009 de la LVIII Legislatura, Marcatextos reveló el monto de los cargos que la Auditoría Superior del Estado aplicó al Poder Legislativo en ese año y que asciende a casi 282 millones de pesos.
Sí, leyó bien: ¡casi 282 millones de pesos!
Pero si el monto es estratosférico, lo histórico está en que por vez primera en la historia del Congreso del Estado se le aplican cargos de una cuenta pública.
No existen antecedentes de que esto haya sucedido años atrás, y mucho menos cuando había un partido todopoderoso en el que el titular del Poder Ejecutivo controlaba al Legislativo y el entonces órgano fiscalizador, denominada Contaduría Mayor de Hacienda, no era sino una dependencia más del gobierno estatal.
Pero, ¿y quién o quiénes debe(n) de responder por esta millonaria cantidad que no pudo ser solventada durante el plazo que la ley otorga a los responsables de hacerlo ante la Auditoría Superior del Estado?
De entrada, corresponde a aquellos diputados que conformaron la Comisión de Administración de la pasada Legislatura y que encabezó el ahora diputado federal priista, Jorge Arana Arana, hasta agosto de 2009, y que posteriormente fue relevado por su correligionario Jorge Villanueva, aclarar el destino de este alto monto.
Y si hacemos cuentas, correspondería a cada diputado miembro de la Comisión de Administración dar cuenta por casi ¡45 millones de pesos!
En septiembre pasado, Marcatextos dio cuenta de que el 11 de mayo el Congreso del Estado había recibido un primer pliego de observaciones de la Cuenta Pública 2009 por 305 millones 793 mil 14 pesos y que el 19 de julio se entregó el segundo pliego de observaciones de la misma cuenta, ahora por 109 millones 439 mil 891 pesos.
En total, las observaciones a la Cuenta Pública 2009 del Congreso del Estado ascendieron a 414 millones 232 mil 905 pesos.
Esto quiere decir que en el plazo que la ley otorga, la pasada Legislatura logró solventar ante la Auditoría Superior poco más de 132 millones de pesos, razón por la que los cargos con la que la ASEJ cerró su revisión a aquella polémica cuenta quedó en esos casi 282 millones de pesos.
¿Qué harán quienes integraron la Comisión de Administración de la LVIII Legislatura? ¿Qué papel asumirá ahora la Comisión de Vigilancia, cuyo presidente Salvador Barajas del Toro, pretende ser quien tenga la última palabra respecto a las cuentas públicas, aun y contraviniendo lo que establece la propia Constitución Política del Estado?
Esta Comisión de Vigilancia tiene hasta 9 meses para atender este asunto. Tenga la seguridad que se irán hasta ese límite de tiempo, a fin de que muchos de los actuales diputados ya no estén en el cargo, empezando con Barajas del Toro, y no tengan que abordar este caso espinoso.
Y si no, al tiempo.