Si para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez los pensionados que recurrieron al amparo y ya obtuvieron suspensiones definitivas o provisionales para que no les apliquen retroactivamente una reciente reforma aprobada a la Ley de Pensiones del Estado y les reduzcan sus ingresos son “cínicos” y “desvergonzados” por hacer uso de un derecho que tienen por ley, ¿no es “cínico” y “desvergonzado” que el gobierno del Estado impugne estas suspensiones, no obstante que también, como los particulares, recurre a un recurso que la ley le otorga? ¿O lo que en el pobre es borrachera, en el rico es alegría?

Viene a cuento lo anterior porque en cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo estatal, el director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), Héctor Pizano Ramos, acompañado del director jurídico del Instituto, Rodrigo Moreno, ofrecieron una rueda de prensa donde “exhibieron” a los ex funcionarios públicos que perciben una pensión superior a los 106 mil pesos que marca como tope la reforma aprobada por un sumiso Congreso del Estado; sin embargo, dichos nombres ya eran del conocimiento público desde hace meses atrás. O sea, no hubo realmente ninguna “exhibición”.

Ahí en esa rueda de prensa, Rodrigo Moreno anunció que atacarán las suspensiones obtenidas por más de una veintena de ex funcionarios, y lo harán porque la ley permite hacerlo y da los instrumentos para ello, no porque sean “cínicos” y “desvergonzados” los directivos del IPEJAL.

Por su parte, Pizano Ramos refirió que de ganar los recursos de impugnación a dichos amparos, el Instituto garantizaría los recursos necesarios al menos hasta el año 2051. Dijo: “Nuestras pensiones son en promedio de 17 mil pesos; por lo tanto, un solo pensionado (de los catalogados como “dorados”) se lleva 10 veces más y eso no le da viabilidad al sistema de pensiones…”.

La narrativa del gobierno del Estado y del propio titular del Ejecutivo, ha sido levantar una “cortina de humo” señalando como los culpables de una presunta crisis financiera del Instituto de Pensiones a los 93 ex funcionarios públicos que reciben una pensión superior a los 100 mil pesos, pretendiendo con ello “tapar” la verdadera causa del problema: “la arbitraria e irresponsable disposición, por los gobiernos estatales, del patrimonio -integrado por las aportaciones que durante décadas hemos hecho los afiliados al fondo de la institución-, en inversiones de alto riesgo y, dicho sea de paso, nos enteramos de ellas por los medios de comunicación: Chalacatepec, Villas Panamericanas, Transportes Marítimos Mexicanos y Abengoa…”, como lo escribió el ex alcalde de Guadalajara y ex secretario de Educación, Eugenio Ruiz Orozco, en una de sus columnas periodísticas ya referida en Marcatextos en otra entrega sobre el tema, y que hasta el momento ningún funcionario del gobierno alfarista lo ha desmentido. Ni el presidente del Consejo de Administración, Juan Partida, titular de la Hacienda Pública; ni el director del Ipejal, Pizano Ramos, y mucho menos el gobernador Enrique Alfaro.

En esa columna, Ruiz Orozco reveló la verdadera intención que hay detrás del señalamiento del gobernador Alfaro en contra de él y demás ex funcionarios pensionados: “hacernos parecer enemigos de la comunidad es deleznable”.

En aquella columna, publicada el 6 de septiembre pasado, Eugenio Ruiz Orozco ya le respondía también a lo dicho por Héctor Pizano en la pasada rueda de prensa: “Las pensiones son un beneficio que la ley garantiza después del retiro laboral (…). No le estamos quitando nada a nadie, como se pretende hacer creer a la opinión pública…”.

Al igual que López Obrador ha elegido a sus “villanos favoritos”, en el caso de Pensiones el gobernador Enrique Alfaro eligió a estos ex funcionarios como los suyos para responsabilizarlos de un deterioro en las finanzas del IPEJAL, cuando las causas son otras y pretenden ocultarlas. Ruiz Orozco las denominó “arbitraria e irresponsable disposición en patrimonio (…) en inversiones de alto riesgo”, y de las cuáles nunca informaron previamente a los trabajadores del Estado, no obstante que estaba en juego sus propios recursos.

Pero aún hay más información sobre el destino de recursos económicos y materiales que el gobierno estatal no ha revelado o informado a detalle de la situación que guardan los mismos. Por ejemplo, ¿cuántos inmuebles propiedad del IPEJAL están en renta y cuánto se obtiene de ello? ¿Cuántos departamentos construidos por IPEJAL son aún de su propiedad y también se reciben ingresos por su arrendamiento? ¿A cuánto asciende el monto de los recursos que el IPEJAL obtiene como fondo del SEDAR (Fondo para el Retiro) y en qué se han invertido? ¿A cuánto asciende el monto recaudado por el 2% que aporta el patrón para ese Fondo del Retiro que no es entregado sino hasta que el trabajador se pensiona? ¿Cuántos estacionamientos y locales comerciales son propiedad del IPEJAL y cuánto se obtiene por su concesión? ¿A cuánto asciende lo que se cobra por anticipado -con premeditación, alevosía y ventaja- al trabajador en un préstamo a corto plazo y qué se hace con ese recurso? ¿A cuánto asciende lo que obtiene por intereses de préstamos a mediano plazo y se cobra un interés hipotecario más alto que el que cobra el banco, y a qué se destina? ¿A cuánto asciende y en qué se utilizan los fondos de pensiones de las aportaciones que no se entregan al beneficiario cuando el pensionado fallece y se queda en la bolsa del IPEJAL? ¿A cuánto ascienden las pensiones que no se entregan a las esposas de los pensionados fallecidos, porque ya reciben otra pensión?

La verdad es que en el asunto de las pensiones, el gobierno del Estado tiene mucho más que informar a los trabajadores del Estado y a la sociedad en general, sobre lo que se hace con los recursos que obtiene de diferentes rubros y a cuánto ascienden. No puede mantener esa opacidad y discrecionalidad sobre lo que se hace con los recursos de los trabajadores, y fijar únicamente su “dedo flamígero” en menos de un centenar de ex funcionarios públicos pensionados con un monto mayor a los 100 mil pesos mensuales y a los que no se les ha comprobado que hayan incurrido en alguna irregularidad o ilegalidad, pero que ya se les ha colocado en el paredón para que la sociedad los fusile.

Ya es momento de que el gobernador Enrique Alfaro haga a un lado esa “cortina de humo” que ha levantado como distractor -al más puro estilo lópezobradorista- y le rinda cuentas a los trabajadores jaliscienses al servicio del Estado sobre lo que se ha hecho con su dinero y, además, de que se atreva a actuar en contra de los verdaderos responsables del deterioro de las finanzas del IPEJAL, como abierta y públicamente se lo señaló Eugenio Ruiz Orozco.

¿Se atreverá? Al tiempo…