Primero fue el Ayuntamiento de Zapopan en sus tres primeros meses -correspondiente a los tres últimos de 2015- al que la Auditoría Superior del Estado aplicó cargos por un monto de mil 200 millones de pesos, y cuya cuenta pública es revisada nuevamente, y ahora es el Ayuntamiento de Tlaquepaque el que enfrenta cargos por 63.7 millones de pesos de su cuenta pública 2016.

Coincidentemente en ambos ayuntamiento fueron reelegidos los presidentes municipales: Jesús Pablo Lemus Navarro, en Zapopan, y María Elena Limón García, en Tlaquepaque. Coincidentemente también, las cuentas públicas 2015 y 2016 de ambos munícipes no se caracterizaron por un buen manejo ante los ojos de la ASEJ.

Claro que estos dos alcaldes se “encomiendan” a los buenos oficios de sus compañeros diputados de partido para que le den una “limpiadita” a esas cuentas o, cuando menos, echen mano de los recovecos jurídicos que les permita que éstas sean devueltas a la ASEJ y tengan oportunidad de “limpiar” el cochinero que hicieron inicialmente creyendo que no iban a ser descubiertos.

Curiosamente las cuentas públicas 2015 tanto de Lemus Navarro como de Limón García fueron regresadas a la Auditoría Superior para una nueva “chance” -mediante malabares legales- de cubrir los faltantes que no cubrieron en tiempo y forma.

No hay duda que los “tiempos legislativos” siguen siendo de mucha ayuda para los amigos alcaldes de los diputados.

Pero mire que los 63.7 millones de cargos aplicados a María Elena Limón no fue por “pequeñeces” -el monto, por supuesto, así lo demuestra-, sino que el desglose es bastante escandaloso: 45.4 millones de pesos por erogaciones no justificadas en materia administrativa-financiera; 11.1 millones de pesos por inconsistencias en obras públicas en fraccionamientos; y 7.2 millones de pesos por obras públicas generales no solventadas.

Los rubros son, curiosamente, en los que los gobiernos municipales siempre tienen inconsistencias: como ausencia de soportes técnicos que validen obras en alumbrado público, la falta de documentación para acreditar “obras de contigencia”; la falta de coincidencia de las áreas de cesión con el Plan Parcial de Desarrollo; la falta de comprobantes de los pagos a capital e intereses de la deuda pública y, entre otras, la falta de comprobación que se aplicaron los materiales adquiridos en la obra pública.

Pero que no nos sorprenda, pues, que dentro de algunos meses nos encontremos con la noticia de que la Cuenta Pública de 2016 de Tlaquepaque, como puede suceder con la 2015 del mismo Ayuntamiento, quedaron “rechinando” de “limpio”.

Al tiempo.