Ayer las comisiones de Estudios Legislativos y de Vigilancia del Congreso del Estado aprobaron reformar el artículo 16 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado para que los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción no tengan un salario ni prestaciones como lo establece la iniciativa presentada el año pasado por el diputado panista Jesús Hurtado Torres, y que fue entonces avalado por la mayoría de los diputados.

La propuesta de reforma del diputado Hurtado señala lo siguiente:

“1. Los integrantes del Comité de Participación Social (…) no tendrán percepción alguna de ninguna naturaleza respecto a su nombramiento. La honorabilidad, trayectoria, independencia económica, capacidad probada, serán sus cartas acreditables y a tomarse en cuenta para su valoración. 2. No gozarán de prestaciones, garantizando así la independencia e imparcialidad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva“.

Como sucedió en aquella ocasión cuando se presentó la iniciativa, ayer una “lluvia” de quejas y “gritos en el cielo” inundaron las redes sociales y se vaciaron infinidad de calificativos en contra de la presidente de la Comisión de Vigilancia, dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano y diputada federal electa -todo en un mismo paquete-, Mirza Flores Gómez. Pero la verdad, ¿merecen ese alto sueldo los integrantes del CPS frente al trabajo que hacen? ¿Este dinero no puede destinars a otros rubros ahorita que anda tan necesitado de recursos el gobierno del Estado que lo lleva a pelearse con la Universidad de Guadalajara?

El 11 de marzo del 2020 -hace casi año y medio-, escribí en Marcatextos sobre este asunto titulado: “¿Por qué “regalar” $5 millones al CPS en sueldos para 5 consejeros?”. Parte de lo que escribí en aquel entonces fue lo siguiente:

“Son cinco y cada uno de ellos cobra 88 mil 435 pesos al mes. Al mismo tiempo laboran en otras instituciones, algunos de tiempo completo, donde por supuesto también reciben mensualmente un sueldo.

“En todos ellos, de las arcas públicas salen al año en total 5 millones 306 mil 100 pesos para cubrir únicamente su sueldo. Sin embargo, frente a los altos salarios que ganan, su trabajo no sólo no es equitativo sino que deja mucho qué desear y ha generado cuestionamientos por su falta de imparcialidad al momento de ejecutarlo, además de que les ha valido reprimendas de la autoridad judicial (ver Marcatextos 31/Agosto/2018: “TJA: papelón del Comité de Participación Social“), o severas observaciones de los propios diputados.

“Pero no sólo eso. No llenan el perfil de “ciudadanos” porque se les identifica con los poderes fácticos en el estado e, incluso, hasta son motivo de disputas como ocurrió recientemente con Gómez Álvarez, a quien unos lo señalan de responder a los intereses del Grupo Universidad que liderea el ex rector Raúl Padilla López, mientras otros lo ubican como parte de la cuota del Grupo ITESO. (Ver Marcatextos 22/11/2019 “SEA: La disputa de los grupos fácticos“).

“Ahora los integrantes de este Comité, sus aliados -a algunos los identifican como sus “padrinos”-, y sus simpatizantes que los llenan de alabanzas -algún interés particular han de tener-, pusieron “el grito en el cielo” porque el diputado José de Jesús Hurtado Torres presentó ante el pleno una iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado que fue recibida con beneplácito por la mayoría de los diputados de todos los partidos y que actualmente se encuentra en estudio.

“Hurtado Torres argumenta que ‘el que no reciban prestación económica, contribuye en su caso a un proceso de verdadero apoyo a la contribución del combate a la corrupción; es menester decir que el Comité Seleccionador No devenga sueldo y es quien elige a estos consejeros, razón por lo cual no inhibe que las personas que sean electos consejeros y consejeras evidentemente perciban ingresos en otras áreas’.

“Para nadie es desconocido que el actuar y la imparcialidad de los integrantes del CPS ha sido cuestionado al momento de calificar a los aspirantes a un cargo para el que se les solicita su intervención de acuerdo a lo establecido en la ley, y el caso más reciente fue la selección de candidatos a titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) donde se les señaló de beneficiar a una aspirante cercana a la titular de la Coordinación Estratégica de Gestión de Territorio, Patricia Martínez Barba, dándole la mayor puntuación sin que coincidiera con lo que los legisladores registraron de ella en la entrevista.

“Sin embargo, los diputados se dieron cuenta a tiempo de la tramposa maniobra de los integrantes del Comité y eligieron a otro aspirante que cumplía también con los requisitos.

“Pero no sólo eso, a otro aspirante le negaron en el momento de la selección una calificación que merecía y que se le reconoció posteriormente cuando ya los diputados habían designado al nuevo titular de la Prodeur.

“Otra mancha más en el historial del CPS fue en la selección de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, en la que nunca argumentaron por qué dieron determinada calificación a los que fueron electos y a quienes se quedaron en la orilla como el magistrado Armando García Estrada, quien interpuso un amparo que le fue otorgado por el juez Fernando Rochin García.

“El Juez resolvió que ‘la evaluación realizada por el Comité es dogmática y carece de una mínima explicación de las razones por las que una persona obtuvo un determinado puntaje frente a las otras’ y que ‘tales deficiencias (…) transgrede frontalmente los derechos fundamentales del primero (el quejoso), pues se le produce una afectación en su esfera jurídica sin siquiera explicársele, mínimamente, por qué se le otorgó una calificación menor que a los terceros interesados y que bien pudo haber influido en la votación por parte de la Asamblea del Congreso del Estado’.

“Ante el sospechoso actuar de los integrantes del CPS en estos y otros casos que tuvieron en sus manos, ¿deveras aportan al combate a la corrupción, cuando hay evidencia de que su actuar estuvo alejado de la imparcialidad? ¿Se justifica que cada uno de los integrantes del Comité gane casi 88 mil 500 pesos al mes cuando no se dedican de tiempo completo a esta labor y sí, en cambio, lo hacen para otras esferas donde también devengan un salario? ¿Se justifica que el erario gaste 5 millones 306 mil pesos al año para pagar por un trabajo que deja mucho qué desear?

“Además de algunos alabadores que este Comité tiene en varios medios de comunicación, ya se supo que organismos cúpulas del sector privado buscan también abogar por los cinco integrantes del CPS a fin de que se les siga “regalando” esos 88 mil pesos al mes. Y decir que quitarles el sueldo -o dejar de “regalárselos”-, es debilitar al sistema anticorrupción en Jalisco, no es más que un mero discurso chantajista con el que pretenden sorprender a los ingenuos.

“Pregunto: ¿la verdadera sociedad jalisciense está de acuerdo en que se destinen más de 5 millones de pesos al año para el pago del sueldo de cinco personajes que no laboran de tiempo completo y cuyo trabajo es bastante cuestionable?

“Ojalá y la mayoría de los diputados que recibieron con agrado y beneplácito la iniciativa de Hurtado Torres se mantenga en su postura y no terminen “doblándola” como en otras ocasiones ante los intereses de los grupos fácticos que controlan estos organismos pseudociudadanos. Ellos tienen la última palabra, pero “regalarles” un sueldo de 88 mil pesos sólo servirá para que las resoluciones del Comité de Participación Social salgan del “horno” de acuerdo a la petición del cliente en turno”.

Hasta aquí lo escrito hace casi año y medio sobre el salario de los integrantes del CPS, y hoy nos damos cuenta que aquellos diputados que aplaudieron esta iniciativa se sostuvieron y la aprobaron en comisiones con muchas probabilidades que la mayoría lo haga mañana viernes en el pleno.

Cabe señalar que tanta es su ambición por vivir del erario, que aún y cuando este año el Comité aprobó reducirse el salario, algunos de sus integrantes como David Gómez Álvarez recurrieron al amparo para que no les quitaran 17 mil pesos que fue la reducción. Finalmente hace unos días se desistieron del amparo.

Pero si los integrantes del CPS no están de acuerdo con que los dejen sin sueldo ni prestaciones porque se decidió que el cargo fuera honorífico, pues tan sencillo como que renuncien y busquen un buen trabajo donde les paguen lo que quieran, pero donde también los obligarán a desquitarlo y no tendrán los reflectores públicos que hoy tienen para continuar con su protagonismo que les deje futuro dividendos, como candidaturas a cargos de elección popular o nuevos cargos en la administración pública.

A esto le dicen: ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?

Al tiempo…