Por Julio César Hernández
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José María Andrés Villalobos, fue muy claro:
“Después de vivir más de 70 años de dictadura del Poder Ejecutivo, hoy enfrentamos una dictadura, y quién sabe por cuántos años más, del Poder Legislativo”.
Tras la reforma electoral federal y ahora con la reforma electoral estatal, surge una pregunta:
¿Quién puede ponerle un alto a los legisladores?
Nuestros diputados, reitero, no sólo han emulado a la perfección a Andrés Manuel López Obrador al mandar” al diablo a las instituciones”, sino que ni siquiera se dan por aludidos y mucho menos escuchan la voz de los sectores empresariales y sociales que reclaman que terminen ya con su voracidad de beneficio personal, de grupo y partidista.
El colmo es cuando al “mandar al diablo a las instituciones”, dicen hacerlo a favor de las mismas instituciones.
Y que no vengan con frases huecas –como diría el presidente del Instituto Electoral del Estado-, como las del diputado Gustavo González, que emitió una “perla” maravillosa:
”Más que hablar si es caro o no, estamos perfeccionando nuestras instituciones desde el punto de vista electoral”, dijo al referirse a la millonaria indemnización (dos millones de pesos a cada uno) que darán a los consejeros electorales que serán removidos por el capricho de nuestros legisladores.
A nada les supo los casi 35 millones de pesos que tuvieron que pagarle a los magistrados electorales que sus antecesores “corrieron” también por capricho.
Y señaló que esta perfección a “nuestras instituciones” tiene que ver también con darle mayores facultades al nuevo organismo electoral en materia de participación ciudadana.
Pero poco faltó para que le saliera sangre de la boca cuando votó en contra de incluir en la reforma la figura de revocación de mandato, que permitiría a la ciudadanía defenderse de pésimos servidores públicos.
Mientras hay diputados que ponen el grito en el cielo por el reprobable donativo de 30 millones de pesos que el Ejecutivo entregó para la construcción del Santuario de los Mártires, los mismos quejosos no dudan en recurrir a las arcas estatales para satisfacer su capricho de remover a los actuales consejeros electorales, con un costo de casi 14 millones de pesos.
Reiteramos: un capricho similar de sus antecesores costó más de 35 millones de pesos.
¿Con qué cara estos diputados pueden abrir la boca para criticarle al Ejecutivo el manejo discrecional de los recursos públicos en obras que benefician a particulares y no a la sociedad en su conjunto?
¿Con qué cara pueden criticar al Ejecutivo si osa entregar los 60 millones de pesos restantes que prometió para el Santuario?
Mucha razón tiene Andrés Villalobos cuando dice que hoy padecemos de una dictadura del Poder Legislativo, pero también la tiene cuando señala que los actuales diputados nos demostraron que sí se puede ser peor que los legisladores que los antecedieron. Ni hablar.
