No, no se equivoquen. Ni soy mago ni tengo “bola de cristal”. Mucho menos adivino el futuro por mero presentimiento y ni soy brujo.

Ayer, en mi entrega aquí en Marcatextos titulada Otorgan suspensión provisional contra licitación de patrullas en Guadalajara, referí lo siguiente:

“(…) Se ha denunciado que esta licitación está amañada y dirigida para favorecer a la empresa “Integradora de Apoyo Municipal”, que presume su nacimiento “para atender las necesidades de las órdenes de Gobierno Estatal y Municipal en las modalidades de arrendamiento y crédito brindando, productos y servicios ágiles e innovadores”.

“Integradora de Apoyo Municipal” ya ha trabajado con el Ayuntamiento de Zapopan, lo que se presume que habría sido durante el gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro, coincidentemente hoy presidente municipal de Guadalajara”.

¿Y qué creen? Violentando la ley, mandando “al diablo” a las instituciones, pasándose la ley “por el arco del triunfo” -como alguna vez dijera Lemus Navarro cuando gobernaba Zapopan-, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, en su sesión extraordinaria celebrada ayer, aprobó lo siguiente:

“(…) La Dirección de Adquisiciones resolvió que el licitante “Integradora de Apoyo Municipal, SA de CV” en su propuesta cumple con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de licitación…

“Se procede a adjudicar a ‘Integradora de Apoyo Municipal, SA de CV’ el contrato de la licitación pública municipal No. 010/2021 por un monto de $792, 261, 976.98 (Setecientos noventa y dos millones doscientos sesenta y un mil setecientos noventa y seis pesos)”.

¿Estará o no dirigida y manipulada una licitación cuando de antemano ya se sabe quién será el licitante ganador? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Días antes ya se sabía quién sería la empresa ganadora y lo hicimos público horas antes de que se emitiera el fallo. ¿Hay o no “mano negra”? ¿Siguen o no los gobiernos de Movimiento Ciudadano haciendo “negocio” con sus licitaciones amañadas?

Pero además de lo anterior, para que no quede duda de que a estos gobiernos naranjas la ley se la pasan “por el arco del triunfo” -así lo presume Jesús Pablo Lemus-, y al estilo lópezobradorista mandan “al diablo” a las instituciones, violaron la ley al no respetar la suspensión provisional que el Tribunal de Justicia Administrativa otorgó a los licitantes quejosos y que establecía que “se concede la medida cautelar en forma provisional desde estos momentos y hasta en tanto se dicte interlocutoria que resuelva en definitiva la presente incidencia para los efectos marcados en el Acuerdo, apercibidas las demandadas que en caso de no cumplir con la medida cautelar se harán acreedoras de cualquiera de las medidas de apremio previstas en el Artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, habilitando días y horas inhábiles para la práctica de la notificación del presente acuerdo”.

Así, quienes incurrieron en la violación de la ley al no acatar un mandato del Tribunal de Justicia Administrativa y que firmaron el acta de adjudicación a la empresa “favorita” en esta licitación, fueron: Ana Paula Virgen Sánchez, presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara; Luis García Sotelo, representante de la Tesorería de Guadalajara; París González Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales; Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida, representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente; José Guadalupe Pérez Mejía, representante del Centro Empresarial de Jalisco; Miguel Rubén Cisneros Ruvalcaba, representante de la Consejería Jurídica de Guadalajara; Ruth Isela Castañeda Ávila, representante de la Contraloría Ciudadana; Luis Rangel García, representante de la Coordinación General de Desarrollo Económico; Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social; César Daniel Hernández Jiménez, representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco; Alejandro Murueta Aldrete, representante de la Coordinación General de Administración e Innvovación Gubernamental; y Gonzalo Alberto García Ávila, secretario técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara.

Cabe recordar lo que establece la ley:

“La autoridad demandada que no obedezca un auto de suspensión que le hubiere sido debidamente notificado, será sancionada en los términos que el Código Penal del Estado establece para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia de cualquier otro delito en que incurra”.

Este es, pues, otro ejemplo de los caprichos de la autoridad por salirse con la suya y no permitir que la ley les eche a perder un “negocio” más…

Sin duda que esta historia aquí no acaba… Al tiempo.