Ante las presuntas irregularidades denunciadas en la licitación sobre el “Servicio de Arrendamiento Integral y Equipo de Seguridad” del Ayuntamiento de Guadalajara, con la que se pretende adquirir 290 unidades para patrullas, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) emitió una suspensión provisional a favor de los quejosos, lo que obliga al Comité de Adquisiciones del gobierno tapatío a suspender el proceso de la Licitación Pública Nacional 010/2021.

Sin embargo, y no obstante que fueron notificados el pasado jueves 16 de este mes y con un plazo de 48 horas para dar respuesta, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, agendó para su cuarta sesión extraordinaria a celebrarse hoy martes 21, la “presentación, lectura y en su caso aprobación” del fallo marcado con el número “4.7 LPN/010/2021 ‘Servicio de Arrendamiento Integral y Equipo de Seguridad'”, como se confirma en la convocatoria emitida a los integrantes.

La semana pasada se denunció que en esta licitación amañada, entre otras irregularidades, se establece a la Tesorería Municipal, y no a la Comisaría de Seguridad Pública, como dependencia requiriente; se exija que la empresa KPMG Price Waterhouse Deliotte e And sea la que dictamine los estados financieros para obtener el cinco por ciento de puntuación; y que se haya dado nueve días para presentar las propuestas, cuando la ley establece que deben de ser diez.

Pero no sólo eso, sino que se ha denunciado que esta licitación está amañada y dirigida para favorecer a la empresa “Integradora de Apoyo Municipal”, que presume su nacimiento “para atender las necesidades de las órdenes de Gobierno Estatal y Municipal en las modalidades de arrendamiento y crédito brindando, productos y servicios ágiles e innovadores”.

“Integradora de Apoyo Municipal” ya ha trabajado con el Ayuntamiento de Zapopan, lo que se presume que habría sido durante el gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro, coincidentemente hoy presidente municipal de Guadalajara.

Además, a decir de funcionarios cercanos a este proceso de licitación, la diferencia entre la presunta empresa favorecida sería de 300 millones de pesos superior a la oferta más baratas que ofrecen las demás participantes.

Fue la Cuarta Sala Unitaria del TJA la que hizo saber al Presidente Municipal, al Comité de Adquisiciones, a la Coordinación General Administrativa e Innovación Gubernamental, a la Dirección de Adquisiciones y a la Tesorería Municipal de Guadalajara, que “se apertura el incidente de suspensión y se requiere a los demandados para que presenten el informe correspondiente el cual deberá rendirse dentro de las 48 cuarenta y ocho horas. Apercibida que de no hacerlo o si éste no refiere específicamente a los hechos imputados, se tendrá por ciertos los actos impugnados”.

Por lo tanto, agrega el documento -cuya copia obra en nuestro poder- “se concede la medida cautelar en forma provisional desde estos momentos y hasta en tanto se dicte interlocutoria que resuelva en definitiva la presente incidencia para los efectos marcados en el Acuerdo, apercibidas las demandadas que en caso de no cumplir con la medida cautelar se harán acreedoras de cualquiera de las medidas de apremio previstas en el Artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, habilitando días y horas inhábiles para la práctica de la notificación del presente acuerdo”.

Así, de acuerdo a esta suspensión provisional el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Guadalajara está obligado a retirar de la agenda del día el punto 4.7 sobre Servicios de Arrendamiento Integral y Equipo de Seguridad, pues de no hacerlo no sólo estará demostrando que “manda al diablo” a las instituciones, sino que evidenciará su premura por adjudicar una licitación que presume traerá “jugosas” ganancias a funcionarios públicos y particulares que están involucradas en esta adjudicación, y será ejemplo de cómo la corrupción sigue campeando en estos gobiernos emecistas.