Un fuerte “tufo” (olor muy fuerte y desagradable) envuelve a la licitación que el Ayuntamiento de Guadalajara, que encabeza Jesús Pablo Lemus Navarro, otorgó a la empresa “Integradora de Apoyo Municipal” para el arrendamiento de 290 unidades que serán habilitadas como patrullas de la Comisaría de Seguridad Pública, y en cuyo caso estaría involucrada la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Valga apuntar que en este asunto el modus operandi es similar al que se llevó a cabo en la licitación que se realizó en Zapopan cuando gobernaba precisamente Lemus Navarro, aunque en aquella ocasión no fue necesaria la intervención del TJA.

Como se dio a conocer aquí en Marcatextos antes de que se realizara la sesión extraordinaria y se diera a conocer el fallo de la Comité de Adquisiciones de Guadalajara, todo el proceso estaba amañado y dirigido para que la empresa ganadora fuera “Integradora de Apoyo Municipal”, además de otras irregularidades, por las que particulares que participaron en la licitación solicitaron una suspensión provisional que fue concedida por la Cuarta Sala del TJA, con lo que este asunto no podía continuar adelante hasta en tanto se resolviera el caso en tribunales.

Sin embargo, al más fiel estilo de Lemus Navarro, el Comité de Adquisiones se pasó la suspensión provisional “por el arco del triunfo”, no la acató, llevó a cabo la licitación y se la otorgó a la empresa que ya estaba destinada a ganar: “Integradora de Apoyo Municipal”, bajo el pretexto de que la Sala Superior del TJA había “revocado” la suspensión emitida por la Cuarta Sala Unitaria.

Bastó que las autoridades municipales de Guadalajara dieran a conocer la intervención de la Sala Superior en esta licitación para que empezara a brotar todo el “cochinero” con que en el Ayuntamiento de Guadalajara manejó este proceso, pues se presume la falsificación de documentos y quizás hasta de firmas con el propósito de que no se suspendiera el concurso de arrendamiento cuyo resultado final ya estaba “negociado” a favor de la empresa ganadora.

Y es que supuestamente la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa atrajo -otro acto violatorio de la ley por ser ésta una facultad establecida exclusivamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no para ningún otro tribunal- este asunto sin que hubiese una solicitud de por medio. Además, se argumenta que estos magistrados “revocaron” una suspensión cuándo ésta aún no se había emitido, lo que se habría hecho sin que la Sala Superior tuviera en su poder la documentación necesaria para hacerlo y mucho menos se notificó a las partes. ¿O en qué documentos se basó para darle “luz verde” al Comité de Adquisiciones tapatío?

Además, los tiempos en los que la Sala Superior tomó conocimiento del caso y actuó en consecuencia para “revocar” dicha suspensión no concuerdan con la realidad; esto es, con el momento en que los quejosos solicitaron a la Cuarta Sala la suspensión, el momento en que ésta la otorgó y luego la notificó, los tiempos en los que supuestamente la Sala Superior atrajo el caso, emitió su resolución y notificó a la autoridad.

Otras versiones del mismo caso hablan de que la Sala Superior no “revocó” sino que “negó” la suspensión, pero para que ésto último proceda se requiere que previamente hubiese habido un acto de reclamación y no existe tampoco. Además, cuando se niega una suspensión nunca se notifica de ello a la autoridad, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, como se asegura que para realizar esta licitación sí se hizo, lo que es otra prueba más de las falsedades o irregularidades que rodean este “apestoso” asunto.

Así, pues, aunque el gobierno de Jesús Pablo Lemus pretendió aprovecharse de las fiestas decembrinas para llevar a cabo esa amañada licitación, hay mucha “suciedad” que brota en torno a esta licitación por un monto cercano a los 800 millones de pesos, y que sin duda saldrá a la luz pública y llegará a otras instancias por los presuntos ilícitos que se habrían cometido.

Al tiempo…