La Universidad de Guadalajara, representada por el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, y el Congreso del Estado, a través del coordinador de la fracción mayoritaria de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez, se han enfrascado en una polémica sobre números y cantidades que tienen que ver con el presupuesto para la máxima Casa de Estudios el próximo año 2022.
Y en medio de esta discusión, quienes seguramente darán la pelea en el recinto legislativo serán los diputados Mara Robles y Enrique Velázquez, ambos universitarios y del partido Hagamos.
Pero independientemente de los argumentos que utilicen una u otra parte para demostrar que tienen la razón, uno en la demanda de más recursos y otro en la defensa de los que ya están definidos, el fondo del problema es de carácter político y no es más que secuela del rompimiento y enfrentamiento entre el gobernador Alfaro Ramírez y Raúl Padilla López, jefe político del Grupo Universidad, y un capítulo más del desencuentro que llevó al Mandatario estatal a reasignar los famosos y peleados 140 millones de pesos, caso que ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las razones que llevaron al gobernador a reasignar ese monto destinado inicialmente para el Museo de Ciencias Ambientales y pasarlo a la construcción del Hospital Civil de Oriente, son las mismas que llevaron a definir el presupuesto asignado a la UdeG para el siguiente año; y así como Alfaro se ha sostenido en no dar marcha atrás a la reasignación de esos 140 millones de pesos, tampoco dará un paso atrás en lo que ya decidió le corresponde a la Universidad.
Vamos, lo que estamos viendo es la apertura de una nueva pista en este pleito entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara -entiéndase el Grupo Universidad-.
Para como está la relación entre el Ejecutivo y la UdeG, no valdrá que vaya el Rector General al Congreso del Estado, ni que asistan todos los rectores de los Centros Universitarios ni todo el Consejo General Universitario. Los recursos para la Universidad de Guadalajara ya están definidos y así se quedarán.
¿Por qué? Porque el problema no es de sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. No, el problema es político y va más allá de las razones o argumentos que se destinen en los salones del Congreso o en el recinto mismo. El gobernador Alfaro no dará ni un peso más de lo ya definido en el documento que le entregaron al Legislativo para su aprobación, y para como están las cosas y las razones del enfrentamiento, no habrá reclamo o manifestación que valga. Enrique Alfaro, todo lo indica, está dispuesto a soportar todas las presiones que la Universidad haga, pero no dará su brazo a torcer.
No advierto que esas diferencias políticas se puedan reparar ni siquiera a mediano plazo -y hablo de los tres años restantes del sexenio-, aunque de acuerdo a como se ha comportado la relación Alfaro-Padilla podría suceder un “milagro”, pero lo veo muy difícil.
Para que se modifique el presupuesto que se le ha asignado a la Universidad de Guadalajara, Villanueva Lomelí tendría que hacer muy evidente y de manera pública un posible error en que se haya incurrido al momento de hacer las cuentas, pero no me cabe duda que, sabedor de que los universitarios “brincarían” por lo asignado, en Casa Jalisco debieron de haber hecho muy bien las cuentas para no dejar rendijas abiertas que los hicieran dar marcha atrás.
Así, pues, mientras esperamos la resolución de la Suprema Corte sobre el destino de los 140 millones de pesos, veremos una segunda pista en donde se estará disputando el presupuesto 2022 para la UdeG, pero auguro que será infructuoso el alegato universitario.
Y si no, al tiempo…
