La desaparición de jóvenes -mujeres y hombres-, que luego fueron encontrados sin vida o que aún no aparecen, es un problema que le ha crecido al gobernador Enrique Alfaro Ramírez porque no supo o no quiso atenderlo a tiempo. Ignoró a los familiares que pedían ser atendidos, a las madres que con todo el dolor por el hijo o hija no encontrados solicitaban ser escuchadas. A cambio, ordenó colocar vallas para proteger Casa Jalisco y Palacio de Gobierno, que no pasan de ser dos inmuebles.

Prefirió recibir, tomarse fotos y difundirlas en sus redes sociales con artistas y deportistas, antes que hacerlo con los familiares de desaparecidos, quienes ante la sordera oficial decidieron rebautizar un icónico monumento a los Niños Héroes de Chapultepec como la “glorieta de los desaparecidos”, tapizando su base con fotografías cuyos rostros extrañan acariciar, y convertirlo en el espacio a dónde ir a desahogar su pena.

Frente a este agudo problema -cierto, no exclusivo de Jalisco-, Alfaro Ramírez reaccionó tarde y más a fuerzas que con ganas. Aún le falta mayor voluntad para solucionarlo. Hoy la encomienda de atenderlo la tiene la subsecretaria de Derechos Humanos, Fabiola Loya Hernández, quien ha mostrado sensibilidad para atender a los familiares y voluntad para dar respuesta a los colectivos. Pero aún hay mucho por hacer, porque este problema no atendido a tiempo sigue creciendo, y lo peor que puede suceder es que desde el interior del propio gobierno se pongan obstáculos para salir adelante. En la Fiscalía, por ejemplo, su trabajo deja mucho qué desear, a decir de familiares y colectivos.

En su edición de ayer domingo en internet, el diario Milenio publicó destacadamente en portada tres notas que son reflejo fiel de lo que sucede en Jalisco: 1. “Piden justicia tras asesinato de Químberly Anay Aceves en Tonalá”; 2. “A un mes de la desaparición de José Octavio, familiares señalan abandono”; y 3. “Al menos 20 jóvenes han desaparecido en carretera a Tesistán en Zapopan” (en lo que va del año).

Esta es la realidad en Jalisco de un problema que se dejó crecer por atender otros temas que tenían que ver más con una ambición personal que con el interés de los gobernados.

Ahora, con el caso de la joven Debanhi Escobar, cuya desaparición y muerte han conmovido no sólo a Nuevo León sino a gran parte del país, el gobernador Samuel García Sepúlveda se enfrenta a la cruda realidad no sólo de lo que es gobernar un estado más allá de sus vanalidades y frivolidades en las redes sociales, sino de conocer de primera mano los verdaderos problemas que enfrentan las familias de su estado.

No sé si sea una maldición en contra de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano -y es que en otros estados enfrentan el mismo problema-, pero lo que es cierto es que su incapacidad para atender desde el primer momento este problema y la movilización de la sociedad denunciando los hechos y la falta de reacción y respuesta de sus gobernantes, coloca a Samuel García y a Enrique Alfaro bajo los reflectores públicos, acusados de indolentes.

En Jalisco tuvieron que ser colectivos provenientes de otras entidades los que acompañaron a familiares de desaparecidos para excavar y encontrar restos humanos en diversas zonas de Tlajomulco, principalmente, con la esperanza de que fueran sus desaparecidos. Mientras que en Nuevo León, durante la búsqueda de Debanhi, fueron encontradas cinco personas más que no eran el objetivo de la indagatoria. Así el tamaño del problema. Tan grande, como la falta de recursos públicos para apoyar la búsqueda de estos desaparecidos, prefiriendo destinarlos a actividades que tienen que ver más con el lucimiento personal del gobernante.

¿Qué efectos políticos traerá el problema de las personas desaparecidas a los hoy dos gobiernos estatales naranjas de Movimiento Ciudadano? ¿Qué repercusiones personales tendrá en las aspiraciones que ambos mandatarios tienen para el 2024?

En el caso de Enrique Alfaro, el problema ha crecido bastante a grado de escándalo, y, sin duda, tendrá su costo. Respecto a Samuel García, luego del no menos escandaloso caso de Debanhi Escobar podría estar aún a tiempo de atender el problema, ya de por sí agudo en Nuevo León, actuando con voluntad e interés por atajar un asunto tan sensible para la sociedad. El mandatario regiomontano deberá de entender que la frivolidad no es una forma de gobierno, y que tampoco se puede gobernar desde las redes sociales buscando la popularidad.

Y tan preocupante es este tema para los gobiernos de Movimiento Ciudadano, que ninguno de los emecistas tan dados a explotar las redes sociales, empezando por su dirigente Dante Delgado, se han atrevido a mencionar el tema, sabedores que al hacerlo les saldrá “el tiro por la culata”.

Y si no, al tiempo…